En medio del tenso panorama que atraviesa el sector salud del país, el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), el doctor Samuel Santos, compareció este jueves ante las instalaciones del Ministerio Público. Su presencia responde a una citación oficial emitida en el marco de una investigación derivada de la denuncia de un ciudadano, quien señala la interrupción de la atención médica en el sistema hospitalario público a causa de las asambleas informativas promovidas por el gremio.
A su llegada a la sede fiscal, el galeno explicó a los medios de comunicación que acudió de manera voluntaria con el objetivo de conocer a cabalidad las razones del requerimiento y colaborar de forma transparente con las diligencias investigativas. Santos detalló que, al momento de ser convocado y presentarse, no contaba con la información precisa ni con los detalles específicos sobre los hechos que la entidad de justicia busca esclarecer.
Al ser interrogado sobre las acusaciones referentes a la presunta vulneración del derecho a la salud de la población y los cuestionamientos a la paralización de labores, el titular del CMH fue enfático al recalcar que la crisis del sistema sanitario no debe atribuirse únicamente a los médicos. Según expuso, el Estado de Honduras carga con una responsabilidad directa e insudable en la problemática actual debido al reiterado incumplimiento en el pago de salarios a los profesionales de la salud.
«El Estado tiene obligaciones salariales claras que están plenamente contempladas y protegidas por la Constitución de la República, el Código del Trabajo, la Ley de Servicio Civil y el Estatuto del Médico Empleado», argumentó el dirigente gremial, recordando que la estabilidad económica y laboral de los médicos es un derecho legalmente respaldado.
Asimismo, el representante de los médicos dio a conocer que la acción investigativa del Ministerio Público no se limita únicamente a su persona, ya que otros profesionales del gremio también han sido citados por las autoridades fiscales para responder por situaciones similares en los centros asistenciales.
Lejos de mostrar postura de confrontación, Santos sostuvo que es potestad y deber del Ministerio Público recepcionar las denuncias ciudadanas, indagar los hechos y determinar de manera objetiva si existen o no responsabilidades de carácter penal. En esa línea, recordó que el Colegio Médico de Honduras ha actuado históricamente con la misma firmeza al haber presentado denuncias formales contra administraciones gubernamentales anteriores. Por ello, concluyó que el proceso actual forma parte de los procedimientos institucionales habituales que las autoridades competentes deben ejecutar en el marco de la ley.
