La Asociación de Fiscales de Honduras solicitó revisar la base salarial de 21,000 lempiras establecida para los nuevos profesionales del derecho que ingresen al Ministerio Público, al considerar que es insuficiente frente a las responsabilidades que asumirán y que se mantiene desde hace más de una década.
La organización también advirtió sobre la sobrecarga laboral que enfrenta el personal fiscal y la necesidad de incrementar el presupuesto institucional para fortalecer las investigaciones criminales.
La abogada Elky Alvarado, integrante de la junta directiva de la Asociación de Fiscales de Honduras, señaló que el Ministerio Público requiere profesionales capacitados para cumplir con sus funciones constitucionales de investigación, dirección de las investigaciones y ejercicio de la acción penal pública.
Según Alvarado, la remuneración ofrecida a los nuevos profesionales no corresponde a la complejidad de las funciones que desempeñarán, especialmente cuando muchos abogados cuentan con estudios de posgrado, maestrías y doctorados que fortalecen su preparación académica.
“Está en 21 mil lempiras y eso realmente no representa la verdadera responsabilidad que ellos van a tener”, manifestó la abogada, al insistir en que las autoridades deben revisar la base salarial para atraer y mantener recurso humano calificado dentro de la institución.
La integrante de la junta directiva también aseguró que los fiscales que actualmente laboran en el Ministerio Público enfrentan condiciones salariales que, a su criterio, se encuentran entre las más bajas de Centroamérica. A esta situación se suma la acumulación de expedientes y la falta de personal para atender las necesidades de las diferentes fiscalías del país.
Alvarado detalló que algunos fiscales tienen a su cargo entre 2,000 y 3,000 expedientes, una cantidad que dificulta el seguimiento adecuado de los casos y aumenta la presión sobre los profesionales encargados de investigar los delitos y presentar los requerimientos ante los tribunales de justicia.
Asimismo, explicó que existen fiscalías a nivel nacional donde únicamente trabajan dos fiscales, quienes deben organizar turnos durante días hábiles y fines de semana, sin que necesariamente puedan descansar al concluir sus jornadas, debido a que deben atender audiencias judiciales y otras responsabilidades pendientes.
Ante este panorama, la abogada consideró que el Ministerio Público necesita contratar al menos 700 fiscales para comenzar a cubrir las deficiencias de personal que enfrenta en diferentes regiones del territorio hondureño.
En materia presupuestaria, Alvarado solicitó que se fortalezca la asignación de recursos a la institución y planteó que el presupuesto debería incrementarse hasta alcanzar entre 4,500 y 5,000 millones de lempiras, con el propósito de financiar nuevas contrataciones y mejorar la capacidad operativa.
La representante gremial explicó que las necesidades presupuestarias no se limitan a la contratación de abogados, sino que también incluyen personal auxiliar de investigación, médicos forenses, peritos especializados, tecnología, reactivos e insumos indispensables para desarrollar las investigaciones criminales.
Alvarado sostuvo que el trabajo investigativo requiere recursos económicos y humanos suficientes para sustentar los casos ante los tribunales, especialmente cuando se trata de delitos complejos relacionados con el crimen organizado, el terrorismo y la corrupción.
En ese sentido, señaló que las reformas legales aprobadas por el Congreso Nacional deben acompañarse de recursos para que las instituciones responsables puedan aplicarlas. Indicó que aumentar las penas no es suficiente si no existen las capacidades necesarias para investigar los hechos, identificar a los responsables y presentar pruebas ante la justicia.
Además, recordó que delitos como las extorsiones, las falsificaciones de documentos, los robos y los casos de corrupción requieren procedimientos de investigación especializados, auditorías, peritajes y análisis documentales, entre otras diligencias.
La Asociación de Fiscales considera que mejorar las condiciones salariales, ampliar el número de fiscales y garantizar un presupuesto adecuado son medidas necesarias para fortalecer el Ministerio Público y mejorar su capacidad de respuesta frente a la criminalidad y la impunidad en Honduras.
