Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó una normativa que prohíbe la instalación de túmulos artesanales o no certificados en la red vial primaria del país, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y evitar riesgos para conductores, pasajeros y peatones.
La medida corresponde a la Ley de Ordenamiento Técnico y Eliminación de Túmulos Irregulares en la Red Vial Primaria Nacional, impulsada por el diputado nacionalista Marco Midence, quien señaló que estas estructuras, cuando se construyen sin estudios técnicos ni autorización, pueden representar un peligro para quienes transitan por las carreteras.
“Hay vecinos que se juntan y tiran cemento y hacen túmulos. Hay unos que son hasta de dos pies”, manifestó Midence, al explicar la problemática de los reductores de velocidad improvisados. La declaración fue recogida por el diario La Prensa.
SIT deberá evaluar los túmulos existentes
La normativa establece que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en coordinación con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), tendrá un plazo máximo de 12 meses para elaborar un inventario técnico nacional de los túmulos ubicados en la red vial primaria.
A partir de esa evaluación, las autoridades deberán identificar las estructuras que incumplan los requisitos técnicos para proceder con su retiro o sustitución progresiva por alternativas autorizadas.
Asimismo, ninguna municipalidad, patronato, organización comunitaria o particular podrá instalar reductores de velocidad en estas carreteras sin la autorización correspondiente de la SIT.
Prevén alternativas para mejorar la seguridad vial
La disposición contempla el uso de reductores de velocidad normalizados, señalización vertical y horizontal, cruces peatonales elevados con diseño técnico y sistemas electrónicos de control de velocidad, según las necesidades de cada tramo.
Los dispositivos que sean autorizados deberán contar con señalización visible, pintura vial y mantenimiento adecuado para advertir oportunamente a los conductores.
Además, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 180 días, a partir de la entrada en vigor de la normativa, para emitir el reglamento correspondiente. Este deberá establecer los procedimientos y requisitos técnicos para solicitar la instalación de reductores de velocidad.
Con esta medida, las autoridades buscan ordenar la colocación de túmulos en las principales carreteras hondureñas y promover soluciones que permitan controlar la velocidad sin comprometer la seguridad de los usuarios.
La aplicación efectiva de la normativa dependerá de la reglamentación, el inventario de las estructuras existentes y las evaluaciones técnicas que realicen las instituciones competentes.
