La vida que nos rodea a los hondureños en estos últimos tiempos, de una parte, es lo que podemos definir como una «vida normal»; ya recuperado el Estado de Derecho y estando bajo el paraguas bienhechor de la Democracia, nos lleva a pensar en el moralismo (que no es lo mismo que moral) y también en política. El gobierno del señor Nasry Asfura es esencialmente democrático, de lo que no cabe ni una pizca de duda. Sin embargo, cabe preguntarse, basta con que un gobierno parezca democrático, o está obligado a demostrar que de verdad es democrático, o por lo menos que hace los esfuerzos posibles por ser un gobierno democrático. En esta hipótesis, con apenas cuatro meses al frente de la nave del Estado, el gobierno de Nasry Asfura enfrenta la dura prueba de la inseguridad, que, sin duda, es el problema más escabroso que debe afrontar de inmediato, para lo que es inevitable que acuda a la potencia y a la experiencia internacional.
Honduras no puede considerarse una potencia judicial, ni militar ni policial, por lo tanto, el gobierno del Presidente Asfura debe estar consciente que, con lo que le toca remar en este barco es con limitaciones y carencias. La corrupción, que es lo que más abunda en Honduras, y que para muchos no es condenable, es lo que más éxito ha tenido en el país. Gran parte de los malos resultados que ha tenido Honduras en todos los gobiernos, sin excepción, se debe a que, a la gente que participa en los cargos públicos les falta entereza por lo que al mezclarse la moral y la política lo que ha conseguido Honduras en los gobiernos son malos resultados.
Dicho esto, aplicado a la grave situación de inseguridad, nos atrevemos a señalarle al gobierno de Nasry Asfura, que es urgente que involucre a todos los estamentos del gobierno con el apoyo de los sectores de la sociedad para integrar un gran frente común, para enfrentar el grave problema de la inseguridad, porque este mal si bien esta entre los primeros asuntos que debe tomar el gobierno entre sus responsabilidades prioritarias, no es solo de la incumbencia gubernamental, porque estando ante todo la seguridad de la ciudadanía y sus bienes, amerita que el gobierno involucre a los principales liderazgos de la sociedad civil y de la sociedad en general.
En los países anglosajones, cualquier tema que tiene que ver con la seguridad se traslada también al campo privado. La seguridad ciudadana no solo es competencia y obligación del gobierno, si bien es un deber oficial enfrentarlo, siendo que la inseguridad a quien pone contra las cuerdas es a la sociedad, a la ciudadanía, en la que produce las peores consecuencias, el gobierno que por ley es un mandadero de la ciudadanía, debe contar con la participación ciudadana a través de un consejo nacional de seguridad. Este punto de vista no es de ahora ni algo que surja en el pensamiento particular. En la antigua Atenas de Grecia, había procesos públicos para que los ciudadanos participaran en los consejos de personas donde se ventilaban las acciones y medidas de seguridad de la ciudad. Sócrates fue uno de los primeros en sugerir la necesidad de crear organizaciones paralelas para salvaguardar los bienes y la seguridad de los habitantes.
El gobierno anterior, de corte autoritario, de Xiomara Castro, descuido el aspecto de la seguridad de los hondureños, el secretario del ramo se dedicó a malgastar el dinero publico, financiando un equipo de futbol profesional que bajo ningún punto era algo que contemplan los planes para garantizar la seguridad de los hondureños. Si revisamos las cifras registradas en los cuatro años de gobierno socialista de Xiomara Castro, se dieron las cifras trágicas más graves por los episodios criminales que se registraron en los mismos recintos penitenciarios, por lo que, en lugar de deducirle responsabilidades al titular de la policía, se le premio ascendiéndolo al cargo de secretario de Seguridad, sin duda la afrenta más grave que un gobierno le pudo hacer a los hondureños.
Hoy, el gobierno del señor Nasry Asfura empieza a sentir en carne viva las críticas que le formulan los funcionarios del gobierno anterior, por los dos macabros acontecimientos ocurridos en Rigores, jurisdicción de Trujillo y Corinto, frontera con Guatemala. Son dos hechos de repercusiones graves, y en material criminal es un pecado hacer comparaciones, porque tan grave es la cadena de matanzas que acontecieron en los cuatro años del gobierno de Xiomara Castro, como preocupante es que hechos lamentables donde la mano criminal ciega vidas inocentes se sigan sucediendo en el gobierno democrático del señor Asfura.
Lo pertinente, que puede hacer la diferencia entre lo que no hizo, dejo de hacer o no quiso hacer el gobierno de Xiomara Castro del PLR, es que el gobierno del presidente Nasry Asfura no se quede de brazos cruzados, o pretendiendo asumir el papel de los héroes de historietas que en forma mágica barrían a los delincuentes, y proceda a convocar al liderazgo de la sociedad civil y sociedad en general, para integrar un gran frente común en contra de la inseguridad. No es para que los civiles se conviertan en policías para luchar contra las organizaciones criminales, sino porque en el gran contexto de profesionales de los dos sectores de la sociedad, la sociedad civil y la sociedad en general, hay preparación académica y talento de sobra, con mucho estudio superior que le puede aportar un contingente de conocimientos adquiridos en las mejores universidades del mundo.
Lo peor que nos puede ocurrir es que, como han hecho los gobiernos anteriores, se llame a una sola cabeza, por creer que, cual vaca sagrada, puede hacer milagros para poner a raya a las organizaciones delictivas. Esta batalla no es nada convencional, requiere no solo valentía, necesita el concurso de la nación. Aplicando un poco de doctrina aristotélica, no vendrá bien una política de seguridad donde no se deje en unas pocas manos la tarea de brindarle seguridad a casi 10 millones de personas. Recordándole al Presidente Asfura que el reto de luchar contra la inseguridad nos concierne a todos los hondureños.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 22 de mayo de 2026.
