El tratamiento punitivo hacia la minoridad infractora ha pasado de los debates reservados en los pasillos parlamentarios al centro de la agenda legislativa de Honduras. La Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, encabezada por el diputado Marco Paz, analiza minuciosamente una propuesta formal orientada a reestructurar el marco penal aplicable a adolescentes que incurran en delitos de alta gravedad.
La iniciativa en estudio contempla reformas de fondo al sistema de justicia juvenil. Una de las modificaciones de mayor peso técnico consiste en incrementar la sanción máxima privativa de libertad, la cual se encuentra fijada actualmente en ocho años de internamiento.
No obstante, el eje central del debate gira alrededor de una cláusula controversial: la posibilidad de procesar bajo la legislación penal ordinaria de adultos a aquellos menores de edad vinculados directamente con estructuras calificadas como terroristas o pandillas de alta peligrosidad.
Tensiones legales y posiciones encontradas
El posible endurecimiento de las condenas ha encendido las alarmas en diversos sectores de la sociedad civil y del derecho procesal: Organizaciones de Derechos Humanos Advierten que juzgar a menores como adultos contraviene convenios internacionales de protección a la niñez, como la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Juristas y Penalistas: Señalan la complejidad técnica de modificar la doctrina de protección integral y alertan sobre el colapso del sistema penitenciario.
Cautela Parlamentaria: Diversas bancadas políticas han optado por mantener reservas públicas mientras la propuesta técnica termina de socializarse dentro de la comisión dictaminadora.
