El Congreso Nacional prevé discutir esta semana una serie de modificaciones a la legislación penal y procesal con el propósito de ampliar las herramientas disponibles para las instituciones encargadas de combatir a las estructuras criminales.
Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad del Legislativo, explicó que las propuestas incluirán cambios al Código Penal, Código Procesal Penal y normativa relacionada con el sistema penitenciario.
Entre los planteamientos se contempla establecer condiciones especiales para personas consideradas de alta peligrosidad que permanezcan privadas de libertad. La intención, según explicó el diputado, es impedir que desde los centros penitenciarios continúen coordinando actividades delictivas o manteniendo comunicación con miembros de sus organizaciones.
Las iniciativas surgen después de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declarara como terroristas a tres organizaciones criminales que operan en Honduras, decisión que ha llevado a las autoridades a plantear nuevas medidas legales y operativas.
Paz indicó que el paquete legislativo busca brindar un mayor respaldo jurídico a las acciones que desarrollan los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público en contra de estas estructuras.
Dentro de las disposiciones que se analizan figura un régimen especial de control y comunicación para internos catalogados como de alta peligrosidad. La medida contemplaría restricciones destinadas a evitar que los privados de libertad puedan conservar capacidad de mando desde las cárceles.
Además, se prevén reformas en materia penitenciaria y ajustes a las normas que regulan la investigación y persecución de delitos vinculados con organizaciones criminales.
