Los máximos cabecillas de las principales organizaciones criminales que operan en Honduras podrían enfrentar procesos de extradición hacia los Estados Unidos. La advertencia fue emitida por el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, quien fundamentó esta posibilidad en la reciente designación de estas estructuras criminales como grupos terroristas por parte del gobierno estadounidense y organismos de la región.
El alto mando policial detalló que la medida impactaría directamente a los mandos de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y la organización conocida como el Cártel del Diablo.
“De la MS, cabecillas de la Pandilla 18, incluso del Cártel del Diablo, pueden ir a parar a Estados Unidos con peticiones de extradición, porque estos grupos ya fueron reconocidos como asociaciones terroristas en la región y con Estados Unidos”, aseveró Oseguera Mass.
Ante este panorama, el jefe policial lanzó un directo ultimátum a los integrantes de estas estructuras para que abandonen la vida delictiva antes de que se intensifiquen los operativos de seguridad.
Oseguera anticipó que la estrategia de combate al crimen organizado dará un salto cuantitativo en los próximos meses: “La persecución va a ser implacable y no solo de Honduras, de la región, del mundo, con tecnología, con capacidades logísticas distintas. Lo que viene el otro año es mucho más duro de lo que estamos viendo”, sentenció.
Paralelamente a las advertencias de extradición, las autoridades penitenciarias han endurecido las condiciones de reclusión para los procesados por delitos de alto impacto. En las últimas horas se confirmó que más de 70 Personas Privadas de Libertad (PPL), acusadas formalmente por el delito de terrorismo, se encuentran bajo el régimen de Máxima Seguridad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.
Este confinamiento obedece a una serie de traslados coordinados a lo largo de esta semana desde diversos recintos penitenciarios del territorio nacional hacia la zona de alta contención en Támara. La medida busca desarticular los mandos operativos que los reclusos ejercían en otros penales y neutralizar cualquier intento de reorganización criminal desde el interior de las cárceles.
De acuerdo con el informe oficial de las autoridades penitenciarias, estas acciones buscan garantizar el cumplimiento estricto de las normas institucionales, reforzar la autoridad dentro del sistema carcelario y mantener un control riguroso sobre la población penal catalogada de alta peligrosidad, bajo los estándares internacionales de seguridad penitenciaria.
