En el marco de la conmemoración del Día del Periodista Hondureño, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) emitió un alarmante informe donde califica el ejercicio de informar como «una actividad de alto riesgo». El organismo defensor del pueblo reveló que, entre 2016 y marzo de 2026, ha atendido un total de 154 quejas de periodistas que se encuentran en situación de riesgo extremo o que han sido víctimas de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia.
El repunte de la violencia y sus detonantes:
- Crisis agudizada: El desplazamiento de comunicadores empeoró drásticamente en el cuatrienio reciente. Entre 2022 y 2025 se concentró el 56% de la totalidad de los casos históricos. El año 2023 se fijó como el punto más crítico con 27 denuncias, seguido por 20 casos en 2024, 16 en 2025 y 5 nuevos reportes registrados en el primer trimestre de 2026.
- Amenazas y tentativas de muerte: De los casos específicos documentados el año pasado, el 81% de los periodistas denunció estar en riesgo inminente, mientras que el 19% ya había abandonado sus hogares. Las amenazas de muerte directas representaron el 69% de los móviles, seguidas por un 12.5% de tentativas de homicidio y otro 12.5% derivado de violencia política.
Los agresores y el manto de la impunidad: Los datos de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) identifican una diversidad de agresores, liderada por personas desconocidas (31%), pero seguida peligrosamente por integrantes de partidos políticos (25%), personas conocidas (19%), además de estructuras del narcotráfico, policías, militares y bandas criminales.
Asimismo, el Conadeh denunció que entre 2025 y lo que va de 2026 se han consumado más de 50 violaciones graves a la libertad de expresión, incluyendo agresiones físicas, querellas judiciales y campañas de estigmatización. El organismo cerró recordando que, de los 103 crímenes contra trabajadores de medios cometidos desde el año 2001, el 88% de los expedientes sigue durmiendo el sueño de los justos en la impunidad, por lo que exigió al Estado adoptar medidas de protección reales y no meramente burocráticas.
