Una investigación iniciada hace aproximadamente un mes por el hallazgo de sustancias ilícitas en un vehículo decomisado derivó en una serie de allanamientos efectuados por el Ministerio Público, a través de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), en diversas instalaciones policiales de la zona norte del país. El operativo ha generado versiones encontradas entre la cúpula policial y las máximas autoridades de Seguridad respecto a la ejecución de posibles detenciones.
El comisionado Eduardo Lanza, jefe regional de la Policía Nacional en el norte de Honduras, sostuvo la mañana de este miércoles que, hasta el momento, no se reportan oficial ni administrativamente agentes o mandos policiales detenidos. El alto funcionario explicó que, tras realizar las consultas pertinentes con el director de la Dirección de Asuntos Estratégicos y Tácticas Especiales (DAET), se confirmó que las acciones legales continúan en una fase preliminar y estrictamente indagatoria.
No obstante, esta postura contrasta con lo manifestado por el propio ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien confirmó públicamente la ejecución de las inspecciones y la captura de dos efectivos policiales. De manera paralela, la Dirección de Investigación y Carrera Policial (DIDADPOL) informó que ha iniciado una investigación de oficio tras trascender la aprehensión de los elementos uniformados, con el objetivo de determinar las responsabilidades administrativas o disciplinarias que correspondan.
De acuerdo con el relato brindado por Lanza, el origen de las diligencias investigativas se remonta a semanas atrás, cuando las autoridades descubrieron un cargamento de droga oculto en el interior de un automotor que previamente había sido remitido a la Fiscalía de Turno dentro del marco de una causa penal específica.
A partir de dicho hallazgo, las agencias antidrogas ampliaron el perímetro de investigación para rastrear posibles cadenas de custodia vulneradas, lo que culminó con la incursión y registro de inmuebles la mañana del martes.
El jefe policial detalló que, si bien en la opinión pública se ha mencionado el nombre de dos oficiales vinculados a las pesquisas, es preciso ponderar el principio de inocencia, ya que la causa penal no ha concluido. Añadió que recae de forma exclusiva sobre el Ministerio Público, mediante sus fiscales y los agentes de la DLCN, la tarea de recolectar, embalar y analizar los elementos probatorios para establecer si existen indicios suficientes que sustenten la formulación de requerimientos fiscales o la emisión de órdenes de captura formal.
Respecto a la naturaleza de los lugares inspeccionados durante los operativos, el comisionado aclaró que no se trata de residencias privadas ni de viviendas particulares habitadas por personas, sino de dependencias vinculadas a la estructura institucional.
«Se trata de instalaciones utilizadas por la institución policial, algunas acondicionadas como oficinas de trabajo y otras destinadas como bodegas de almacenamiento», Eduardo Lanza, Comisionado de la Policía Nacional
Lanza profundizó en que varios de estos predios y edificaciones pasaron a ser administrados por la Policía Nacional tras ser objeto de aseguramientos en procesos judiciales vinculados al crimen organizado. En ese sentido, reconoció abiertamente que la recepción, manejo y custodia de bienes y vehículos decomisados por delitos como el lavado de activos, el microtráfico y el narcotráfico representan un severo desafío logístico para el Estado. Argumentó que los protocolos institucionales deben ser sometidos a revisión continua para prevenir vacíos legales o fallas administrativas que comprometan la transparencia de las actuaciones.
El jefe regional subrayó que será la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico la que determine la relevancia de la evidencia recabada durante las inspecciones y evalúe si el comportamiento de los funcionarios se ajustó al marco legal o si, por el contrario, existen elementos que configuren conductas ilícitas constitutivas de delito. Mientras tanto, el proceso investigativo se mantiene abierto y bajo estricta reserva de las autoridades correspondientes.
