En un esfuerzo por reestructurar los mecanismos internos de gobernanza, transparencia y disciplina, la Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial sostuvo una trascendental reunión de trabajo con las principales organizaciones gremiales de magistrados, jueces y servidores judiciales del país.
La mesa de análisis y socialización fue encabezada por el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo de la Judicatura, Abogado Wagner Vallecillo Paredes, junto a magistrados y magistradas del pleno, quienes expusieron los alcances de la propuesta normativa orientada a modernizar la administración de la justicia en Honduras.
Consenso intergremial en la Corte Suprema: El encuentro congregó a las tres fuerzas vivas que aglutinan a los servidores de los tribunales de la República, buscando unificar criterios antes del envío del documento al Congreso Nacional:
Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (ASOJMAH): Enfocados en asegurar la estabilidad jurídica y la dignificación del cargo de los juzgadores a nivel nacional.
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD): Defensores de la independencia judicial frente a presiones externas y de un régimen disciplinario con debidas garantías procesales.
Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (ANFEPJ): Centrados en tutelar los derechos laborales, escalafón salarial y procesos de selección meritocráticos para el personal administrativo y auxiliar.
Hacia un nuevo modelo de gobernanza judicial: El anteproyecto de ley busca dejar en el pasado los vicios institucionales que sepultaron al anterior Consejo de la Judicatura, proponiendo un diseño técnico y descentralizado.
Objetivo de la normativa: La propuesta de ley persigue regular de forma clara los ingresos, promociones, traslados y sanciones de los operadores de justicia. Con esta socialización, las autoridades de la CSJ buscan que la normativa final cuente con el respaldo absoluto de las bases del Poder Judicial, garantizando que el órgano administrativo actúe de manera independiente, técnica y alejada de los criterios de discrecionalidad política que afectaron al sistema en décadas anteriores.
