La situación de cerca de 52,000 hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos ha llegado a un punto crítico tras las declaraciones del embajador Roberto Flores Bermúdez. El diplomático advirtió que, aunque permanece abierta una acción judicial en el Noveno Circuito, el reciente fallo de la Corte Suprema sienta un precedente que vuelve sumamente compleja la posibilidad de revertir la cancelación del beneficio.
Flores calificó este escenario como «un momento doloroso» para miles de familias que han consolidado sus vidas, pagado impuestos y creado empresas desde finales de los años 90, e indicó que la inclusión de Honduras en las listas del Departamento de Seguridad Nacional encamina a la comunidad hacia un panorama de posible deportación.
Ante este complejo escenario, la representación diplomática descartó una solución colectiva y enfatizó que cada beneficiario deberá evaluar alternativas de regularización de manera individual según sus circunstancias particulares. Para orientar a la población y evitar que sea víctima de fraudes por parte de intermediarios no autorizados, la embajada y la red de 19 consulados habilitaron una guía informativa accesible mediante código QR.
Pese a las limitaciones de personal que enfrentan las sedes consulares, las autoridades instaron a los connacionales a buscar asesoría jurídica profesional a la brevedad, recordando que el impacto real de la medida trasciende a los titulares y afecta a miles de familiares dependientes en territorio estadounidense.
