
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, hizo un llamado enérgico este lunes a las autoridades hondureñas para que presten atención a las recientes advertencias emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según la titular de esta instancia de sociedad civil, las nuevas reformas penales aprobadas en el país representan una seria amenaza para las garantías constitucionales y la vigencia de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
A través de un pronunciamiento público, Castellanos enfatizó que el señalamiento realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) debe ser tomado con la máxima seriedad institucional. “La advertencia emitida por la OACNUDH sobre las recientes reformas penales aprobadas en Honduras no es un mero trámite diplomático ni una injerencia externa; constituye una alerta frente al debilitamiento de las garantías que sostienen el Estado de derecho”, manifestó la representante del CNA.

Desde la perspectiva de la sociedad civil, Castellanos reconoció que Honduras ha atravesado durante décadas graves crisis derivadas de la violencia estructural, el flagelo de la extorsión y el abandono estatal en diversas comunidades. No obstante, advirtió que intentar combatir el crimen organizado a costa de suprimir o debilitar los derechos establecidos en la Constitución es una estrategia contraproducente. A su juicio, este enfoque corre el riesgo de sustituir el temor que actualmente provocan las estructuras criminales y las pandillas por un escenario marcado por el abuso de poder y la arbitrariedad estatal.
Si bien las autoridades gubernamentales y policiales han defendido la implementación de estas normativas como herramientas indispensables para desarticular las redes delictivas que operan en el territorio nacional, la directora del CNA coincidió con el diagnóstico de la OACNUDH. En ese sentido, alertó que las disposiciones impulsadas otorgan facultades que se asemejan peligrosamente a las de un estado de excepción permanente, pero aplicadas de facto, sin que medie una declaratoria formal de suspensión de garantías constitucionales conforme a la ley.
Asimismo, Castellanos cuestionó el impacto desproporcionado que estas medidas tendrán sobre los sectores más vulnerables de la población hondureña. “En un país profundamente desigual, ¿quiénes estarán más expuestos a los efectos de esta discrecionalidad policial y judicial? No necesariamente los grandes financistas del narcotráfico ni los operadores políticos de cuello blanco que históricamente han logrado evadir la justicia, sino los jóvenes de sectores excluidos, cuya sola apariencia bastará para condenarlos a la prisión preventiva automática en módulos de máxima seguridad, sin revisión judicial individualizada”, sostuvo con firmeza.
Finalmente, la titular del organismo anticorrupción detalló los puntos más críticos que conllevan estas modificaciones legales. Entre los principales riesgos enumeró la ejecución de allanamientos sin el debido control judicial previo, la ampliación hasta por 48 horas del plazo de detención administrativa antes de presentar a un ciudadano ante un juez competente, y las posibles restricciones al acceso efectivo al recurso de hábeas corpus. Para Castellanos, este conjunto de medidas no solo abre la puerta a detenciones arbitrarias y malos tratos, sino que también debilita los mecanismos de transparencia, dificultando la rendición de cuentas por parte de los funcionarios y agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.
1/1 DISCULPEN MI CASTELLANO La tentación de combatir el crimen al margen de las garantías Gabriela Castellanos Abogada La advertencia emitida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre las recientes reformas penales aprobadas en Honduras no es un mero trámite diplomático ni una injerencia externa; constituye una alerta frente al debilitamiento de las garantías que sostienen el Estado de derecho. Desde la sociedad civil hondureña, que ha cargado sobre sus hombros décadas de violencia estructural, extorsión y abandono estatal, lo decimos sin ambages: pretender combatir el crimen organizado debilitando las garantías constitucionales es cambiar el terror de las pandillas por la arbitrariedad estatal. El discurso oficial insiste en que las medidas excepcionales son el único antídoto contra las estructuras criminales que han sembrado luto en el país. Sin embargo, el paquete de reformas impulsado desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y aprobado por el Congreso Nacional configura, en su conjunto, un esquema de restricciones que, como advierte la OACNUDH, se asemeja a facultades propias de un estado de excepción, sin que exista una declaratoria formal de suspensión de garantías. El punto más regresivo de estas reformas radica en el desplazamiento del derecho penal para abrazar el derecho penal de autor. Cuando los tatuajes, la apariencia física o determinados elementos de vestimenta se convierten en indicadores para presumir la pertenencia a una asociación terrorista, la persecución penal deja de concentrarse en las conductas individuales y comienza a sustentarse en características personales, legalizando el perfilamiento estigmatizante. En un país profundamente desigual, ¿quiénes estarán más expuestos a los efectos de esta discrecionalidad policial y judicial? No necesariamente los grandes financistas del narcotráfico ni los operadores políticos de cuello blanco que históricamente han logrado evadir la justicia, sino los jóvenes de sectores excluidos, cuya sola apariencia bastará para condenarlos a la prisión preventiva automática en módulos de máxima seguridad, sin revisión judicial individualizada. Las advertencias de la OACNUDH apuntan a fisuras institucionales particularmente graves: Allanamientos sin control judicial posterior: se flexibiliza la inviolabilidad del domicilio, dejando a las familias hondureñas a merced de operativos nocturnos sin trazabilidad ni rendición de cuentas. Detenciones prolongadas en la opacidad: ampliar a 48 horas el plazo de detención antes de poner a una persona a disposición del juez, crea el caldo de cultivo perfecto para detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos e incluso situaciones que podrían facilitar desapariciones forzadas. Blindaje de la impunidad: mientras el acceso efectivo al habeas corpus para el ciudadano particular opera en un plano limitado, se otorgan privilegios y blindajes a funcionarios y agentes de seguridad, repitiendo el viejo libreto de un aparato coercitivo que se investiga a sí mismo y jamás se sanciona. Nadie en la sociedad civil niega la urgencia de desarticular las redes de extorsión, sicariato y narcotráfico que asfixian a la ciudadanía. Pero la eficacia de una política criminal no se mide por la cantidad de derechos restringidos, las detenciones acumuladas o el endurecimiento de las penas, sino por su capacidad para desmantelar las finanzas ilícitas, depurar las instituciones infiltradas por el crimen, combatir la impunidad y garantizar justicia efectiva a las víctimas. En este contexto, la apuesta jamás puede ser debilitar las instituciones llamadas a vigilar el ejercicio del poder.
— Gabriela Castellanos (@GCastellanosL) November 16, 2026