
Las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a la excónsul general de Honduras en Atlanta, Ada Evila Serrano Núñez, por su supuesta participación en una red de corrupción, sobornos y lavado de dinero que operaba desde la sede diplomática hondureña en el estado de Georgia.
En el mismo operativo también fueron capturadas otras tres personas vinculadas al caso, incluidos dos hijos de la exfuncionaria y un exempleado consular, según informó este lunes el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades norteamericanas, Serrano Núñez, quien desempeñó el cargo de cónsul general en Atlanta desde julio de 2022 hasta marzo de 2026, fue detenida en esa misma ciudad.
La exdiplomática enfrenta ahora un proceso judicial tras ser acusada formalmente de al menos tres cargos federales, entre los que destaca el delito de conspiración para infringir la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés), una normativa diseñada para combatir la solicitud y recepción de dádivas por parte de funcionarios extranjeros.
Junto a la excónsul, las fuerzas del orden detuvieron a sus dos hijos, identificados como Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano, ambos residentes en Suwanee, una localidad situada al noreste del área metropolitana de Atlanta. Asimismo, se confirmó la captura de Mario Antonio Castellanos Velásquez, quien laboró anteriormente como empleado dentro del mismo Consulado de Honduras en Georgia.
Las investigaciones federales y los documentos judiciales presentados ante la corte detallan que el grupo delictivo operó un esquema sistemático mediante el cual exigían y recibían pagos ilícitos de manera corrupta. El mecanismo funcionaba en estrecha colaboración con Consular Services Company, una empresa intermediaria con sede en el estado de Tennessee. A cambio del dinero entregado por concepto de sobornos, la red garantizaba que los clientes de dicha compañía obtuvieran acceso privilegiado y citas dentro del consulado hondureño.
Según la acusación, la excónsul facilitaba directamente la asignación de estos espacios en la agenda diplomática, permitiendo que las personas referidas por la empresa de Tennessee pudieran completar sus trámites migratorios y civiles, tales como la emisión de pasaportes, documentos nacionales de identidad y otras gestiones consulares esenciales para la comunidad migrante.
Para ejecutar la operación sin levantar sospechas inmediatas, Serrano Núñez habría girado instrucciones precisas a terceros entre los que figuraba el exempleado Mario Antonio Castellanos Velásquez con el objetivo de que coordinaran de forma directa con representantes vinculados a Consular Services Company. De este modo, se aseguraban de que los solicitantes ingresaran a las instalaciones consulares únicamente después de haberse verificado el pago de los respectivos sobornos.
El Departamento de Justicia precisó que esta red de extorsión y tráfico de citas se mantuvo activa de forma sostenida al menos desde agosto de 2024 hasta marzo de 2026, mes en el que culminó la gestión de Serrano Núñez al frente de la oficina consular.
Tras darse a conocer las detenciones, el fiscal federal del Distrito Norte de Georgia, Theodore S. Hertzberg, condenó energéticamente los hechos señalados en la acusación. «Los diplomáticos extranjeros que operan en nuestro país no pueden aprovechar su poder para extorsionar y obtener sobornos de personas inocentes», declaró el funcionario a través de un comunicado oficial.
Hertzberg enfatizó que las autoridades estadounidenses mantendrán una postura inflexible frente a la corrupción que afecte a los ciudadanos en territorio norteamericano, advirtiendo que su fiscalía «procesará con rigor» cualquier acto de soborno que se cometa, sin importar la jerarquía diplomática o lo alto que sea el cargo que ocupe el responsable.