
La Policía Nacional implementará cambios en el sistema de emisión de licencias de conducir por primera vez, con el propósito de fortalecer los controles administrativos, reducir posibles actos de corrupción y liberar agentes para reforzar las labores operativas en las calles, informó Rigoberto Oseguera Mass.
El funcionario anunció que, a partir del 30 de noviembre, la emisión de licencias de conducir por primera vez dejará de realizarse en las diferentes oficinas regionales del país y quedará concentrada únicamente en dos ciudades: Tegucigalpa y San Pedro Sula. La medida forma parte de una reorganización de los servicios que presta la institución en materia de vialidad.

Oseguera Mass explicó que la decisión responde a la necesidad de mejorar los mecanismos de supervisión y evitar que la dispersión de oficinas dificulte el control de los procedimientos relacionados con la emisión de estos documentos.
Según indicó, la apertura de numerosos puntos para tramitar licencias por primera vez también ha generado una distribución de personal policial que, a su criterio, debería estar concentrado en actividades de seguridad y control del tránsito en las calles.
«La gente se queja porque no ve los policías de tránsito en la calle, porque se abrieron demasiadas oficinas de emisión de licencias por primera vez», manifestó.
El funcionario aseguró que la centralización permitirá establecer controles más estrictos para prevenir irregularidades, cobros indebidos y posibles estructuras dedicadas a obtener licencias mediante procedimientos fraudulentos.
«Vamos a tener controles muy fuertes. No queremos policías corruptos, no queremos gente cobrando, no queremos gente dilapidando la reputación de una institución», expresó Oseguera Mass al explicar las razones de esta reorganización.
Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de que personas vinculadas con actividades delictivas puedan organizarse para gestionar licencias de conducir de manera irregular, por lo que considera necesario reforzar los mecanismos de verificación y supervisión.
No obstante, aclaró que la medida no significa que los ciudadanos de los diferentes departamentos tendrán que trasladarse permanentemente hasta Tegucigalpa o San Pedro Sula para realizar este trámite.
El funcionario detalló que el territorio nacional será dividido en cuatro cuadrantes, en los cuales se desplegarán brigadas móviles que visitarán diferentes municipios para atender las solicitudes de licencias por primera vez.
Estas unidades trabajarán bajo mecanismos de control y supervisión que permitan garantizar la calidad del procedimiento, al mismo tiempo que facilitarán el acceso de la población a este servicio.
En cuanto a las renovaciones de licencias de conducir, Oseguera Mass confirmó que estas continuarán realizándose a nivel nacional, por lo que la restricción únicamente aplicará para quienes soliciten el documento por primera vez.
Por otra parte, al referirse a la posible privatización de algunos servicios relacionados con vialidad, Oseguera Mass confirmó que existe un proyecto en análisis y señaló que otros países cuentan con experiencias en esta modalidad, destacando como aspectos importantes la incorporación de tecnología, la rapidez en los trámites y la transparencia.
El propósito de estas iniciativas, explicó, es optimizar los servicios administrativos y permitir que más elementos policiales estén disponibles para desarrollar labores operativas y atender las necesidades de seguridad de la ciudadanía.
El funcionario también se refirió a la implementación de la nueva política criminal y las reformas relacionadas con el sistema penitenciario, señalando que su aplicación permitirá identificar posibles vacíos que puedan ser aprovechados por las organizaciones delictivas para modificar sus métodos de operación.
En ese sentido, sostuvo que las autoridades deberán evaluar constantemente los resultados de estas medidas para determinar qué ajustes son necesarios y evitar que la criminalidad encuentre nuevas formas de evadir la acción de la justicia.
Oseguera Mass enfatizó que la evaluación permanente de la política criminal y el fortalecimiento de los controles institucionales serán fundamentales para responder a las transformaciones de las estructuras delictivas y mejorar el funcionamiento de la Policía Nacional.