El gobierno y el Congreso Nacional, en el marco del consejo de seguridad, adoptaron el fin de semana, medidas de carácter extraordinarias para contener el avance de la criminalidad, que ha puesto en situación precaria la seguridad de los hondureños. El Presidente del Congreso, Tomás Zambrano, confirmó que las medidas adoptadas forman parte de una estrategia de alto nivel que empieza por calificar de terroristas a las organizaciones del crimen organizado, esperando que Honduras cuente con el apoyo del gobierno de EEUU, que es el gran eje propulsor de llevar al plano terrorista a las organizaciones criminales.
Cuando se trata de un asunto tan importante como es la seguridad de los ciudadanos, y por ende la seguridad de la nación, de antemano se sabe que, cuando el gobierno hondureño decide seguir los mismos pasos de EEUU y de gobiernos vecinos como el del Salvador, pensamos que esto no es un canto rodado, que se puede repetir sin reflexión, ni critica, y que si se adopta como estrategia en Honduras, es porque se da por bueno. Hablamos de calificar de terroristas a los grupos del crimen organizado como se les denomina actualmente a las maras y pandillas. Honduras, por si sola, no tiene capacidad para alinearse con la política de seguridad de EEUU del presidente Trump, que es el que originalmente calificó de terroristas a las organizaciones del crimen organizado.
No tenemos ni la extensión ni la capacidad suficiente para enfrentar a las organizaciones delictivas, pero, si el gobierno cuenta con el respaldo de EEUU y de países europeos, es otra cosa. Sin embargo, el gobierno debe medir muy bien las consecuencias de esta guerra, donde son tantos los tópicos delicados, porque los sectores antisociales, o maras y pandillas, se han nutrido innumerablemente de varias generaciones hasta convertirse en verdaderas organizaciones que se han aprovechado de los errores arraigados de nuestra sociedad, contra los cuales se han esforzado en superarlos y en gran medida lo han logrado. A eso se debe que haya sectores de nuestras ciudades que están en poder de las organizaciones delictivas.
Como estas han alcanzado una capacidad suficiente, amenazando con perpetuarse como dueños de ciertos territorios, se ha llegado a una situación inquietante que se podría llamar «vivir en estado de terror». Por lo tanto nada es más urgente que el gobierno y el Congreso Nacional y demás sectores que conforman el consejo de seguridad, demuestren que hay suficiente voluntad política para atender un asunto tan dificil de remediar como es devolverle la seguridad a los ciudadanos y al país en general. No será fácil lograrlo, pero las autoridades han hecho bien en dar el primer paso. El problema ha radicado en que aqui muchos líderes y dirigentes piensan que la inseguridad solo se podrá combatir de la misma forma en que lo ha hecho el señor Bukele en El Salvador. Si se piensa de esta manera costará mucho trabajo superar el desaliento, porque mientras en El Salvador existe una dictadura, en Honduras estamos regidos por un gobierno democrático, que no podrá actuar de la forma dictatorial como lo hace el gobierno de Bukele.
Hace mucho tiempo nuestra clase gobernante debió haber pedido apoyo a la comunidad internacional para enfrentar la inseguridad que proviene de las agrupaciones delictivas, pero igual que ha sucedido en otros países, hubo gobiernos hondureños recientes que hicieron causa común con los sectores antisociales, cosa que fué obvia, cuando reincorporaron a policías que fueron depurados mediante un proceso que la sociedad le encargó a ciudadanos que tuvieron el valor de acometer la misión dificil de depurar la policía. Ahora, el paso anunciado por el Presidente del Congreso Tomás Zambrano, no parece ser una medida exacerbada sino debidamente meditada, porque, como cabezas de los poderes del Estado, deben saber que son los primeros en quedar expuestos ante esos grupos, que saben como identificar y tratar a sus enemigos.
Nos referimos a que, al dar el gobierno y el Congreso Nacional, el paso decisivo de declarar como terroristas a mareros y pandilleros, estos saben que sobre ellos no habrá contemplaciones, y todos los ciudadanos debemos estar conscientes que lo que se abre es una guerra entre el orden jurídico establecido y los sectores antisociales, que son numerosos y como su nombre lo dice, están debidamente organizados para llevar cabo sus acciones, que también son complejas, como la extorsión, que ha sembrado el terror en los medianos y pequeños sectores de la economía.
Habrá que pararse bien de ahora en adelante, porque lo que se viene no es para contentarse, la lucha no será algo fácil ni debe ser percibida con una visión simple y unilateral. Los próximos acontecimientos deberán ser vistos desde varios puntos de vista, especialmente cuando veamos a las autoridades actuar con mano dura, porque, si bien no se excluirá el respeto a los derechos humanos, habrá que tener por sabido que para los grupos antisociales no hay derechos humanos.
Al haber adoptado en el Consejo de Seguridad las medidas contra el crimen organizado, es porque, por fin, el más alto nivel del país decidió tomar al toro por los cuernos, que significa enfrentarse a un problema grande, o a una situación dificil, de manera directa, valiente, sin vacilar y sin huír de las consecuencias. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 21 de septiembre 2026
