La denuncia formulada por la organización ASJ, respecto al manejo millonario de dinero que hicieron los diputados del Partido PLR o Libre, supuestamente para hacer obras, entre ellas otorgar becas a estudiantes, es más que oportuna, porque combate la vieja práctica ilegal que no está autorizada por ninguna ley de la República, partiendo de que los diputados son electos en calidad de legisladores y no para atender o ejecutar asuntos que competen exclusivamente al Poder Ejecutivo que es el órgano del Estado encargado de la administración pública. Este viejo vicio de poner dinero en cantidades considerables en las manos de diputados y otros funcionarios no autorizados para realizar menesteres públicos, es una antigua práctica politiquera que puso de moda el dictador Tiburcio Carías Andino, como un mecanismo eficaz que le permitía conseguir dos objetivos: uno, tener controlados a los diputados y funcionarios al ponerle dinero en sus manos para supuestamente hacer obras, y dos, como la perfecta forma de ayudarles a sus correligionarios a que recibieran dinero oficial para su beneficio personal, camuflado con el «conque» de actuar como delegatarios para percibir dinero del Estado para gastarlo en obras públicas, sabiendo de antemano que podían destinar el restante para cubrir sus asuntos personales.
Siendo presidente del Congreso Nacional, el entonces diputados Carlos Flores Facussé, le sugerí que eliminara ese viejo resabio cariista de entregar subsidios a los diputados, porque de antemano se sabía que los parlamentarios se ensuciaban al recibir esos fondos que, pudieran ser destinados parcialmente en algunas obras públicas, pero que otra parte se la embolsaban para beneficio particular. Esta vieja práctica que data desde el gobierno de Carías no se frenó, se mantuvo durante todas las administraciones, porque a decir verdad, es una forma que tienen los presidentes del Congreso de ganarse la voluntad y controlar a los diputados. Lo único que han hecho las diferentes administraciones del congreso es cambiar el nombre a los subsidios, así, en el periodo del usurpador presidente del Congreso Luis Redondo, hicieron acopio del término que manosean los partidos de izquierdas: «subsidio solidario».
Al mantener el viejo resabio cariísta de los subsidios en el periodo del PLR o Libre, los diputados que recibieron sumas de todo nivel, aunque quieran justificar que entregaron las sumas tal como las recibieron, en el imaginario popular y en la percepción de la opinión pública, quedan retratados como diputados corruptos, porque todos ellos siendo legisladores saben perfectamente que no están facultados para sustituir a los organismos del Poder Ejecutivo que son los autorizados para ejecutar los dineros del Estado en obras públicas. Pueden sacar recibos, pueden mostrar facturas, y otra clase de documentos, pero no podrán convencer a los ciudadanos que algo o muchodel dinero recibido se lo embolsaron.
Y esto es así, porque al no poder resistirse a recibir dineros que no tienen porque administrar los diputados, el acto conforme a derecho es un acto de corrupción, porque al no estar facultados para sustituir al gobierno que es el único administrador del Estado para hacer gastos o inversiones públicas, los diputados incurren en el delito de «usurpadores de funciones» por prestarse a percibir dinero público para, supuestamente, realizar actos que no les competen, porque los diputados son electos para legislar y nunca para aceptar dinero público para realizar obras o gastos públicos. Es obvio, que habiendo sido el diputado Luis Redondo un presidente usurpador del Poder Legislativo, quiso enlodar a sus compañeros de cámara, poniéndoles sumas millonarias a su disposición. Esto, además de lamentable es sumamente triste, porque allí vemos a profesionales que otrora pasaban como ciudadanos de conducta impecable, pero, desgraciadamente, cuando les llega el momento de exponerse a la balanza de actuar correctamente o no, el olor del dinero fácil los subyuga y los corrompe.
Nada de lo que pretendan hacer por justificar el manoseo de dinero del presupuesto del Congreso Nacional les servirá para rescatar el honor perdido, siendo que, los diputados al ser electos como legisladores, en ningún momento, asi como en ninguna ley, se les faculta para captar dinero del erario público para hacer obras. El daño moral y social para ellos y su familia, está hecho. Usar dinero público de esta forma, conforme a la perspicacia popular, es una bribonada cuando no se está facultado por la ley. Para hoy y el futuro, lo que queda, para garantizar la transparencia y decencia de los diputados del Congreso Nacional, es suprimir el viejo resabio cariista de poner sumas de dinero, bajo el eufemismo barato de subsidio, en manos de los diputados. Todo sea en aras de hacer un verdadero cambio en la vida pública de nuestro país, que comienza por abstenerse de meterle mano a los dineros públicos, cuando no se tiene autorización legal y cuando la función que se desempeña, como la de los diputados, no tiene que ver para nada con la actividad que compete a funcionarios públicos debidamente autorizados por la ley. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 4 de septiembre 2026
