La Justicia con mayúsculas, conceptualizada e institucionalizada en nombre propio, es el Poder del Estado peor valorado por los hondureños en general. No pasa un día sin que un nuevo acontecimiento judicial sea la comidilla en la vida cotidiana de los hondureños, ya sea a través de una denuncia, de un mal procesamiento, por la mala actuación de un juez o por el desaguisado de alguno de los magistrados de la Corte Suprema. Hoy es la Presidente de la Corte Suprema la que está expuesta en la picota pública por mantener una posición alejada de la realidad jurídica, en relación con el orden de precedencia de los magistrados de las salas de la Corte.
La magistrada Rebeca Ráquel de Melara se obstina en no reconocer un acuerdo originado en el acto de elección de magistrados en el Poder Legislativo, conforme el art. 16 del Reglamento Interno de la Corte Suprema. El embreque de la magistrada Rebeca Ráquel de Melara es no otorgar conforme el orden de precedencia la coordinación de la Sala Constitucional al magistrado que le corresponde, Luis Fernando Padilla Castellanos, postulado por el Partido Nacional. Estos acuerdos que originalmente son jurídicos, se vuelven políticos en el momento de la elección, por la costumbre de que, los acuerdos entre los partidos se cumplen, solo que esta vez el Partido Libertad y Refundación no quiere que sea el magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos el que presida la Sala Constitucional, por alguna razón política de ese partido.
El asunto es que, el Poder Judicial no es nada parecido al Poder Ejecutivo, donde impera la voz autoritaria del Presidente de la República, ni similar al Poder Legislativo, que si bien es el órgano que legisla, en el fondo es un verdadero candelero político, donde todos los asuntos se calientan al tenor de los intereses de los partidos a los que pertenecen los diputados, igual que sucede en todos los congresos de los diferentes países, y si no veamos lo que sucede en las dos cámaras de Estados Unidos, donde a veces llegan al punto de paralizar a ese gran país. Lo malo en Honduras, es que, para terminar de emborronar las cosas, es la propia presidencia de la Corte Suprema, la que convierte en un asunto partidario lo que es de interés general, con lo cual el conflicto se amplifica y se agiganta en el panorama.
Decir que el orden de precedencia en las salas de la Corte ya no existe desde el momento en que el articulo 16 fue reformado, pone a la magistrada Rebeca Ráquel de Melara en la triste posición de lucir como una víctima de la humillada justicia hondureña, al estar sumisa a los dictados del mandamás del partido gobernante. Para nadie está permitido ignorar la ley, pero en el caso de la Magistrada Presidente de la Corte Suprema no conocerla es un delito, debido a que por su alta posición tendría que saber y conocer la ley lo mejor posible.
En el caso personal de la magistrada Rebeca Ráquel de Melara, negar que hay un orden precedente para coordinar las salas, es no creer en la ley ni el Derecho propiamente dicho. Inventar el sombrerazo de que el orden de precedencia para coordinar las salas ya no existe, a lo mejor porque algún experto en leguleyadas le aconsejó que se fuera por esa salida, porque aquí las cosas se discuten una semana y luego pasan al olvido, es descubrir que no hay porque creer en el Derecho, cuando lo que es justo y legítimo en un lado, deja de serlo en el otro, o que se puede tener razón en un momento y dejar de tenerla pasado cierto tiempo.
Entonces, como creer en la legitimidad de una ley, de un concepto o de una realidad jurídica, cuando se deja a la voluntad caprichosa de una magistrada echar a perder la grandiosa naturaleza del Derecho, porque cumple ordenes de la dirección del partido gobernante que la puso en el cargo. Hasta el mismo creador del sistema de los tres poderes, Montesquieu, pareció prevenirlo cuando desconfiaba del excesivo poder de los jueces y magistrados. Hoy, la magistrada Rebeca Ráquel de Melara le da la razón al gran Montesquieu, no todos los jueces son fieles cumplidores de la ley.
Y eso es cierto, no siempre los magistrados son correctos aplicadores de la ley, por eso es que en el Derecho Alemán, basado en la costumbre y en lo consuetudinario, se ha impuesto el sistema de jueces electos y removibles cuando sus sentencias y actuaciones desembocan en el caos dando lugar a un cuerpo legal en descomposición en perjuicio de la sociedad.
El caso de la magistrada presidente Rebeca Ráquel de Melara, al manosear el orden de precedencia en la Sala de lo Constitucional, la hace figurar en ese cuadro que es el paraíso de los leguleyos, que son los pseudo abogados especuladores y manoseadores de la ley.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 11 de marzo 2024.