La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) defendió con firmeza el fundamento jurídico de la sanción administrativa por L146,457,720.00 impuesta al político Salvador Nasralla, oficializada mediante la Resolución N.° SE-3041-2026 emitidad el pasado 16 de septiembre de 2026. A través de un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales, el órgano fiscalizador detalló las razones legales e inconsistencias financieras que motivaron esta penalización.
La institución precisó que Nasralla ostenta la condición de Sujeto Obligado conforme al artículo 4 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (conocida como Ley de Política Limpia). En consecuencia, se encuentra en la obligación irrestricta de acatar los mandatos de rendición de cuentas que rigen la materia electoral.
Frente a cuestionamientos de la defensa, la UFTF aclaró que la sanción no responde a criterios arbitrarios ni al Reglamento del Acuerdo N.° 13-2017. Por el contrario, se fundamentó estrictamente en los artículos 22 y 56, numeral 3, de la ley rectora. La entidad remarcó que dicho reglamento tampoco ha sido aplicado para sancionar a otros sujetos obligados en los procesos de Elecciones Primarias y Generales de 2025, actuando en todo momento bajo las atribuciones conferidas en el artículo 10 del mismo marco legal.
Respecto al elevado monto económico, la Unidad descartó cualquier tipo de discrecionalidad. Explicó que la cifra surge del cálculo matemático estipulado en la ley para primeras infracciones, el cual dicta una multa equivalente al doble del valor recibido y no notificado oportunamente. Durante la auditoría, la UFTF identificó la omisión de notificación sobre 21 aportaciones privadas, las cuales sumaban un total de L73,228,860.00. Al aplicar el factor del 100% adicional exigido por el artículo 56, la sanción alcanzó los L146.4 millones.
La UFTF sostuvo que sus actuaciones buscan garantizar el cumplimiento de las normas de fiscalización, transparencia e integridad en los fondos políticos. El organismo concluyó reiterando su compromiso de continuar ejerciendo sus funciones constitucionalmente asignadas bajo principios de estricta objetividad, independencia e igualdad en la aplicación de la ley para todos los actores de la vida política nacional.
