El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que el Poder Legislativo impulsa nuevas reformas legales para fortalecer la lucha contra las maras, pandillas y grupos criminales en Honduras, tras conocer la experiencia de El Salvador en materia de seguridad penitenciaria.
Entre las medidas planteadas figuran ampliar los plazos para presentar requerimientos fiscales, endurecer las penas por terrorismo, restringir los beneficios penitenciarios y autorizar allanamientos bajo nuevas condiciones.
Zambrano explicó que una de las reformas pendientes contempla ampliar de 24 a 48 horas el plazo para que la Fiscalía presente un requerimiento fiscal contra personas detenidas por su presunta vinculación con grupos terroristas. Según indicó, la medida permitiría fortalecer las investigaciones y reunir más elementos probatorios antes de presentar los casos ante los tribunales.
#ABNoticias “A los privados de libertad o a los acusados por terrorismo, maras y pandillas, no van a tener ni libertad condicional ni preliberación. Van a tener que cumplir el 100% de la condena”, lo expresado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. https://t.co/6nvZC5lxbq
— Abriendo Brecha (@Abriendo_Brecha) October 19, 2026
El titular del Legislativo señaló que esta propuesta busca responder a las quejas de la población sobre personas detenidas que recuperan su libertad pocos días después de ser presentadas ante las autoridades. La aprobación de la reforma, agregó, dependerá de la recepción de la opinión de la Corte correspondiente y podría discutirse en una sesión posterior.
Otra de las disposiciones planteadas establece que las personas condenadas por terrorismo, maras y pandillas no puedan acceder a libertad condicional ni a la preliberación, por lo que tendrían que cumplir la totalidad de sus condenas.
Asimismo, se propone incrementar las penas por terrorismo, que actualmente, según lo expuesto por Zambrano, oscilan entre 15 y 20 años, para elevarlas a un rango de 20 a 30 años para los integrantes y de 30 a 40 años para los cabecillas.
El proyecto también contempla permitir allanamientos durante operaciones de saturación coordinadas entre diferentes instituciones de seguridad, sin orden judicial y con el acompañamiento de un fiscal o un juez ejecutor, cuya participación todavía está por definirse.
Además, Zambrano sostuvo que los tatuajes alusivos a maras y pandillas podrían utilizarse como prueba para acusar a personas de pertenecer a estas estructuras criminales. Aclaró que los tatuajes de carácter familiar, personal o artístico no estarían incluidos en esa disposición.
En materia penitenciaria, el presidente del Congreso indicó que ya se aprobó un régimen para los privados de libertad en máxima seguridad que contempla 23 horas y media de permanencia en sus celdas, 30 minutos para realizar ejercicios frente a ellas y una hora de exposición al sol por semana. También mencionó restricciones al ingreso de alimentos y dinero, así como a las visitas y comunicaciones, bajo un régimen estricto y vigilado.
Zambrano anunció, además, que se buscarán recursos para construir un nuevo centro penal, debido a que el sistema penitenciario alberga más de 19,000 privados de libertad. Entre las posibles ubicaciones mencionó un terreno en Las Acequias, Santa Bárbara, aunque todavía deben determinarse el financiamiento, la ubicación definitiva y la capacidad de las instalaciones, que podría oscilar entre 5,000 y 10,000 internos.
El funcionario también planteó que la depuración debe abarcar a todos los operadores de justicia, incluidos la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y el Poder Judicial. A su criterio, la lucha contra la delincuencia requiere no solo reformas legales, sino también recursos, supervisión y rendición de cuentas.
En cuanto a los colaboradores de estructuras criminales, explicó que podrían investigarse personas que filtren información sobre operativos, interfieran en investigaciones, faciliten beneficios indebidos o participen en el lavado de dinero. Mencionó distintos sectores que podrían ser objeto de investigación, aunque la responsabilidad penal tendría que determinarse en cada caso conforme a la ley.
#ABNoticias “No podemos decir, solo hay que depurar la policía, creo que estaríamos equivocados, la depuración tiene que ir en todos los niveles”, lo expresado por el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano. https://t.co/nVV4xwd4f1
— Abriendo Brecha (@Abriendo_Brecha) October 19, 2026
Zambrano anunció que se analizarán posibles cambios al sistema de justicia juvenil, donde señaló que la pena máxima para menores infractores es de ocho años.
Entre las alternativas mencionó ampliar las condenas y estudiar la posibilidad de juzgar a determinados menores como adultos, una propuesta que, reconoció, abriría un debate jurídico y podría implicar revisar compromisos internacionales de Honduras.
El presidente del Congreso aseguró que el Legislativo continuará impulsando las reformas y solicitando resultados a las instituciones encargadas de aplicarlas, al tiempo que sostuvo que el objetivo de estas iniciativas es fortalecer la seguridad y responder a las demandas de tranquilidad de la población hondureña.
