Una jueza de Florida firmó este lunes 19 de octubre una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, por su presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, cuando cuatro personas perdieron la vida.
La orden fue anunciada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, y se sustenta en una acusación por conspiración para cometer asesinato en primer grado. La resolución judicial establece que Castro no tiene derecho a fianza.
El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate MiG de las Fuerzas Armadas cubanas derribaron dos aeronaves Cessna pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate, integrada por exiliados cubanos con sede en Miami.
Los aparatos realizaban vuelos civiles sobre aguas internacionales, según la acusación estadounidense. Los cuatro ocupantes murieron, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr. y Mario de la Peña, además de Pablo Morales.
De acuerdo con los investigadores, Castro, quien entonces se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba, habría tenido un papel determinante en la cadena de mando que autorizó la operación militar. Las autoridades también sostienen que agentes de inteligencia cubanos infiltraron la organización y transmitieron información sobre sus vuelos.
La orden estatal de Florida se produce después de que el Departamento de Justicia estadounidense anunciara, en mayo de 2026, una acusación federal contra Castro y otros cinco presuntos implicados por delitos relacionados con el derribo de las aeronaves, incluidos homicidio y destrucción de aviones.
Por su parte, el Gobierno cubano ha rechazado la acusación federal y la ha calificado de maniobra política. La posibilidad de que Castro sea llevado ante un tribunal estadounidense sigue siendo incierta, debido a que permanece en Cuba y cualquier proceso para obtener su entrega dependería de circunstancias legales y diplomáticas.
La orden de arresto no constituye una condena. Las acusaciones deberán ser probadas ante los tribunales correspondientes.
