Fiscales del Ministerio Público, agentes de la Policía Nacional y un juez ejecutor se apersonaron este miércoles a las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y de manera paralela a la sede del Partido Libertad y Refundación (Libre), ubicada en la colonia Humuya de la capital, para realizar diligencias investigativas derivadas de una denuncia por supuestos delitos electorales.
Ante el despliegue, el Ministerio Público aclaró de manera oficial que hasta el momento no se han emitido requerimientos fiscales ni órdenes de captura relacionadas con estas acciones.
Por su parte, la directora de comunicaciones del CCEPL, Rosa Indira Raudales, explicó que la presencia de los fiscales responde a una investigación originada por una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) contra un militante liberal implicado en una supuesta irregularidad durante las elecciones internas celebradas en 2025.
Raudales detalló que las autoridades judiciales y fiscales acudieron para profundizar en la información que posee la institución partidaria, la cual fue entregada de forma voluntaria, por lo que los investigadores se retiraron del lugar sin efectuar un secuestro de documentos al no encontrarse estos en poder del partido.
Asimismo, la portavoz del CCEPL descartó categóricamente que la intervención guarde relación con supuestas anomalías en el manejo de los fondos de la campaña electoral del pasado año.
Debido a una orden emitida por el juez ejecutor, las autoridades mantuvieron el caso bajo estrictas medidas de secretividad, aunque Raudales confirmó que el partido ha colaborado con los fiscales aportando datos sobre el caso durante los últimos tres meses y ratificó que el ciudadano señalado figura efectivamente como militante de la organización política.
