La propuesta de Ley de Justicia Energética y contra el Fraude Eléctrico, presentada por el diputado liberal Jorge Cálix para reorganizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), enfrenta rechazo dentro de su propia bancada debido a dudas sobre las implicaciones jurídicas del nuevo modelo.
Cálix sostiene que la iniciativa mantendría a la ENEE completamente bajo control del Estado y plantea separar las áreas de generación, transmisión y distribución mediante subsidiarias, además de que el Estado absorba la deuda histórica de la empresa, estimada en unos 120,000 millones de lempiras.
Sin embargo, la diputada liberal Saraí Espinal advirtió que la figura de sociedad mercantil unipersonal genera preocupación ante la posibilidad de que en el futuro pueda abrirse la puerta a una eventual privatización de la estatal, por lo que pidió revisar las facultades que tendrían las nuevas sociedades sobre los bienes y patrimonio público.
Las diferencias dentro de la bancada liberal dificultan que la iniciativa avance en el Congreso Nacional, pese a existir coincidencias sobre la necesidad de rescatar financieramente a la ENEE, reducir las pérdidas y combatir el hurto de energía, mientras el debate se centra ahora en definir una estructura que garantice la propiedad estatal de la empresa.
