El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, defendió la decisión del Estado hondureño de presentar una posición general y reservada durante la audiencia sobre independencia judicial celebrada este 5 de agosto de 2026 en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante su intervención, promovida por organizaciones como ASFC, Cespad, CEJIL y ERIC-SJ, el funcionario explicó que esta estrategia busca evitar la filtración de argumentos de defensa que podrían ser utilizados en futuros procesos internacionales por exfuncionarios destituidos mediante la figura del juicio político. Asimismo, la delegación estatal cuestionó las competencias del organismo internacional, instándolo a no intervenir en asuntos internos ni debatir casos individuales que, a su juicio, podrían reflejar un sesgo político.
Por su parte, al finalizar la sesión solicitada por la sociedad civil, la representación de la CIDH reiteró que cuenta con plenas facultades para abordar estos temas y destacó la existencia de dos posturas claras durante el debate.
Mientras la Comisión y las organizaciones civiles centraron sus intervenciones en evaluar el estado actual de la independencia judicial en el país, la postura de Honduras se limitó a confrontar el alcance y las competencias del ente interamericano, especialmente en lo referente a las destituciones de autoridades del Ministerio Público y órganos electorales.
