El Congreso Nacional aprobó cambios clave en la Ley de Protección Agroindustrial, destacando una reforma al artículo 6 que ordena al Ministerio Público y a la Policía Nacional ejecutar desalojos inmediatos de predios invadidos si los ocupantes carecen de un fallo judicial.
Asimismo, a propuesta de los diputados Erika Urtecho y David Manaiza, se incluyeron salvaguardas para excluir de estas medidas a los territorios de los nueve pueblos indígenas y afrodescendientes sin una consulta previa según el Convenio 169 de la OIT. También se aceptó una sugerencia del legislador Roberto Pineda Chacón para castigar las invasiones por ganadería en áreas protegidas como el Lago de Yojoa, extendiendo el amparo hacia los pequeños productores.
Por su parte, la bancada del partido Libre manifestó una férrea oposición al asegurar que el decreto borra la Ley de Reforma Agraria, beneficia solo al gran capital y criminaliza las demandas campesinas históricas.
No obstante, la Comisión de Seguridad ratificó que el dictamen final no vulnera el derecho constitucional a la protesta social, despejando dudas de parlamentarios como Carlos Umaña. La legislación cobró fuerza ante la falta de resultados de las comisiones del Gobierno para frenar el repunte de tomas ilegales reportado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
