En una comparecencia de alto nivel institucional desde Casa Presidencial, las máximas autoridades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) presentaron este martes los detalles operativos y normativos del paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. La normativa, oficializada tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, establece un catálogo reforzado de herramientas jurídicas y tácticas para perseguir con severidad a las maras, pandillas, asociaciones terroristas y redes de delincuencia organizada en todo el territorio hondureño.
En representación del presidente de la República, Nasry Asfura, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, encabezó la presentación subrayando que las modificaciones legales responden a una estrategia unificada entre las dependencias estatales para restaurar el orden público. El funcionario anunció además que el Ejecutivo dotará a las fuerzas de seguridad y a los operadores de justicia de tecnología de última generación, pertrechos tácticos y recursos logísticos modernos para respaldar las incursiones en zonas de alto riesgo y acelerar los procesos de inteligencia.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, desglosó los aspectos técnicos de la legislación aprobada, destacando el endurecimiento de las penas para los cabecillas de estructuras criminales, las cuales podrán oscilar entre 40 años de cárcel e internamiento de por vida para los máximos responsables, especialmente cuando utilicen a menores de edad en actos delictivos o empleen simbología explícita de grupos irregulares.
Incursiones procesales, régimen de máxima seguridad y certeza jurídica
El pronunciamiento conjunto de los Poderes del Estado aborda reformas sustanciales en la mecánica de persecución penal:
- Amplación de plazos y allanamientos: Se autoriza la extensión de 24 a 48 horas en el plazo de detención preventiva para presentar requerimientos fiscales, así como mecanismos expeditos para efectuar allanamientos domiciliarios bajo supuestos específicos de flagrancia y coordinación con el Ministerio Público.
- Control penitenciario estricto: Las enmiendas refuerzan el aislamiento y el régimen de máxima seguridad para los reclusos vinculados a bandas criminales, cerrando espacios a la operatividad desde los centros penales.
- Aplicación judicial y clima de inversión: El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, garantizó la inmediata aplicación de la ley positiva por parte de los tribunales, destacando que la consolidación de la paz social resulta indispensable para fomentar la inversión nacional y extranjera.
- Dirección de investigaciones: El fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes, confirmó que el Ministerio Público asumirá la conducción técnica de los operativos junto a los cuerpos policiales y militares para desarticular a los carteles y pandillas.
Con la entrada en vigencia de este marco legal, el Gobierno de Honduras reafirma su determinación de neutralizar el accionar delictivo y garantizar la seguridad ciudadana bajo el marco de la Constitución.
