En una contundente muestra de unidad operativa desde Casa Presidencial, el Poder Ejecutivo de Honduras encabezó la presentación de la nueva estrategia de combate frontal contra las estructuras delictivas de alta peligrosidad. Acompañado por el alto mando del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), el secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, oficializó el arranque inmediato de una campaña intensiva contra las organizaciones declaradas como asociaciones terroristas, catalogando el recién aprobado paquete de reformas legales como un viraje histórico en la política de persecución penal del país.
Durante la comparecencia, las autoridades del ramo de seguridad y defensa manifestaron que las modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley del Sistema Penitenciario brindan la base jurídica requerida para neutralizar el accionar delictivo que ha asolado a las comunidades hondureñas durante décadas. Velásquez remarcó que, a pesar de la complejidad del desafío operacional, la institucionalidad cuenta con el respaldo político irrestricto de la administración del presidente Nasry Asfura, así como con la capacidad táctica para ejecutar capturas a escala nacional.
A la articulación del plan se sumaron los mandos operativos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, cuyos jerarcas confirmaron el despliegue inmediato de unidades especiales de investigación, fuerzas de choque y peritaje en zonas conflictivas, llamando de igual manera a la ciudadanía a cooperar con las denuncias para consolidar una cultura de paz.
Despliegue militar, endurecimiento punitivo y alcance territorial
Los componentes clave de la estrategia gubernamental abarcan frentes normativos y de campo:
- Incursión de las Fuerzas Armadas: El jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín, ratificó que los efectivos militares actuarán en estricto apoyo a las fuerzas policiales para combatir el narcotráfico, la extorsión, el tráfico de armas y el contrabando de personas en las fronteras y sectores de difícil acceso.
- Prisión perpetua para cabecillas: El marco legal reformado sanciona con penas de 30 a 40 años de reclusión a los integrantes de pandillas y establece prisión de por vida para los financistas, directivos y máximos líderes de las estructuras criminales.
- Eliminación de beneficios y medida cautelar obligatoria: La normativa impone la prisión preventiva de carácter obligatorio para los procesados por delitos de terrorismo y suprime cualquier beneficio penitenciario de preliberación o reducción de pena.
- Respaldo legislativo unánime: El proyecto, remitido por el presidente Asfura, contó con la aprobación consensuada de las distintas bancadas en el Congreso Nacional, consolidando un frente de Estado ante la criminalidad organizada.
Con el inicio de estas operaciones, el Estado hondureño busca desarticular los centros de financiamiento y logística de los grupos irregulares para devolver la tranquilidad a los barrios y colonias del territorio nacional.
