La Comisión Técnica Liquidadora denunció irregularidades en la administración anterior, señalando la compra de bienes que no fueron registrados en el sistema SIAFI.
El abogado Ángel Antonio Mendoza, coordinador de la comisión, explicó que se detectaron adquisiciones injustificadas de computadoras y un incremento sospechoso en gastos de combustible y alimentación durante el periodo electoral.
Según el informe, estos recursos se habrían utilizado para fines ajenos a la función pública, incluyendo el uso político de equipo institucional. Por ello, la comisión remitió las pruebas al Ministerio Público y a los órganos contralores para deducir responsabilidades, advirtiendo que no se reconocerá ningún pago que carezca de sustento legal.
