La expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, destapó una de las maniobras legislativas e institucionales más graves registradas en la reciente historia política del país. Hall acusó de manera directa a la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional, promovida y liderada por Luis Redondo, de ejecutar un plan sistemático para anular la voluntad popular expresada en las urnas y perpetuarse en el ejercicio del poder mediante la promulgación arbitraria del Decreto 58-2025.
De acuerdo con las declaraciones de la exconsejera, la norma —publicada de forma anómala en el diario oficial La Gaceta el 9 de enero de 2026— fue aprobada violando los preceptos fundamentales de la Carta Magna, al carecer de la mayoría calificada de dos tercios de los diputados que la ley exige para cualquier modificación en materia electoral. El decreto pretendía forzar un procedimiento de conteo «voto por voto» al margen de los mecanismos contemplados en el ordenamiento jurídico vigente.
La gravedad de la disposición radicaba en su cláusula de coercitividad: en caso de que el CNE se negara a acatar el mandato inconstitucional, el Poder Legislativo asumiría por la vía de hecho las facultades exclusivas del órgano electoral. Según advirtió Hall, ceder a esa presión habría paralizado la declaratoria oficial e impedido la toma de posesión del presidente electo antes de la fecha límite constitucional del 27 de enero.
Activación del artículo 242 y requerimiento fiscal
La denuncia detalla que el objetivo de fondo de la maniobra era forzar un vacío de poder para activar el artículo 242 de la Constitución de la República:
- Mecanismo de interinato: Al impedit la juramentación presidencial, el esquema buscaba depositar la titularidad del Ejecutivo en un Consejo de Secretarios de Estado y obligar a la convocatoria de nuevas elecciones generales.
- Expediente «Blindaje de la verdad histórica»: Hall entregó al Ministerio Público un exhaustivo informe de más de 2,000 páginas con pruebas documentales, testimoniales y periciales sobre las presiones e irregularidades ejercidas desde el Legislativo.
- Acción penal de la Fiscalía: Con base en el expediente, el Ministerio Público interpuso un requerimiento fiscal contra Luis Redondo y trece miembros de la extinta Comisión Permanente, imputándoles más de veinte delitos vinculados a un atentado directo contra la forma de gobierno y la estabilidad constitucional.
Hall concluyó que la firmeza institucional y la autonomía demostrada por el órgano electoral resultaron determinantes para frenar lo que calificó como un intento consumado de quiebre democrático en el país.
