En el marco del paquete de reformas de seguridad y justicia que se discute en el Hemiciclo, la Comisión ordinaria de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Congreso Nacional dio marcha al proceso de consulta institucional sobre la propuesta orientada a modificar la responsabilidad penal de las personas menores de 18 años. La iniciativa busca bajar la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser procesados penalmente e incrementar los años de reclusión para aquellos declarados culpables de infracciones graves.
La primera mesa de trabajo y consulta técnica estuvo liderada por la diputada Alejandra Vallecillo, representante del Partido Liberal por el departamento de Cortés, quien preside la comitiva parlamentaria. A la sesión asistieron la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Ada María Mejía, junto a delegados del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y la Red Coiproden.
Vallecillo enfatizó que los insumos, análisis jurídicos y posturas presentadas por las instituciones especializadas y de protección a la infancia serán determinantes para fundamentar la redacción del dictamen definitivo que posteriormente será sometido a la discusión del Pleno Legislativo.
Estadísticas de la población juvenil infractora y debate normativo
El proceso de socialización aborda una problemática crítica dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes:
- Sustento del dictamen: La comisión recopilará las observaciones de organismos de derechos humanos y entes de procuración de justicia antes de fijar los parámetros numéricos de la reforma.
- Cifras de privación de libertad: Las estadísticas expuestas durante la mesa institucional revelan que actualmente 163 adolescentes se encuentran privados de libertad en centros de internamiento del país.
- Medidas sustitutivas: Adicionalmente, una población de 1,276 jóvenes permanece bajo el cumplimiento de medidas socioeducativas alternativas a la detención.
La iniciativa continúa en fase de análisis técnico para conciliar la exigencia social de seguridad con los tratados e instrumentos internacionales de protección a la niñez suscritos por el Estado.
