Los consejeros interinos del Consejo Nacional Electoral (CNE), Aixa Gabriela Zelaya Gómez y Eduardo Enrique Fuentes Cálix, analizaron los complejos desafíos jurídicos, políticos y logísticos que enfrenta Honduras para incorporar una segunda vuelta electoral de cara a los comicios generales programados para el año 2029. Según explicaron ambos funcionarios electorales, la viabilidad de este mecanismo depende directamente de las profundas reformas constitucionales y legales que exige el ordenamiento jurídico hondureño.
Durante su exposición sobre el panorama de reformas al sistema democrático del país, Zelaya Gómez y Fuentes Cálix detallaron que, hasta el momento, la mayoría de las iniciativas de reforma electoral presentadas por diversas organizaciones de la sociedad civil no plantean de manera directa la instauración de un balotaje o segunda ronda de votación.
En su lugar, señalaron que el grueso de estas propuestas se orienta hacia modificaciones normativas para establecer que el presidente de la República sea electo mediante una mayoría calificada, sustituyendo el actual esquema de mayoría simple con el que se define la titularidad del Poder Ejecutivo.
Los consejeros interinos subrayaron que cualquier transformación en la fórmula de elección presidencial conlleva un procedimiento legislativo riguroso. En ese sentido, indicaron que estos cambios implicarían necesariamente reformas tanto a la Constitución de la República como a la Ley Electoral vigente.
De acuerdo con el marco constitucional hondureño, una modificación de esta naturaleza no basta con su aprobación inicial en el Congreso Nacional, sino que requiere obligatoriamente su ratificación en una segunda legislatura ordinaria, un trámite que demanda consensos políticos amplios entre las distintas bancadas partidarias y un calendario legislativo ejecutado con suficiente antelación.
Respecto a los sectores que sí han impulsado propuestas específicas sobre la estructura de los comicios, los funcionarios del órgano electoral mencionaron que entre las organizaciones que han planteado formalmente la adopción de una segunda vuelta electoral figura el movimiento Defensores de Honduras. Paralelamente, indicaron que otros actores y sectores sociales han puesto sobre la mesa mecanismos alternativos para fortalecer la legitimidad del voto, tales como la separación de las elecciones presidenciales respecto a los comicios de corporaciones municipales y diputados al Congreso Nacional.
Los representantes del CNE coincidieron en que la eventual incorporación de una segunda vuelta electoral representa un reto estructural para la institucionalidad del país. Más allá de la aprobación de las modificaciones legales en el Poder Legislativo, el proceso exige una exhaustiva planificación técnica, presupuestaria y operativa por parte del ente electoral para garantizar su correcta ejecución.
Por ello, Zelaya Gómez y Fuentes Cálix enfatizaron que el factor tiempo resulta determinante, advirtiendo que los plazos disponibles para concretar los acuerdos políticos y las adecuaciones institucionales antes del ciclo electoral de 2029 son cada vez más acotados.
