La Justicia electoral de Brasil impuso una multa de 7.5 millones de reales, equivalentes a aproximadamente 1.3 millones de dólares, a la empresa tecnológica Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, por incumplir órdenes judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en el tratamiento de contenidos políticos durante la campaña presidencial de 2026.
La decisión fue adoptada por unanimidad el martes 10 de noviembre por el Tribunal Superior Electoral (TSE), luego de una denuncia presentada por la coalición que respaldó la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo equipo cuestionó el funcionamiento de las plataformas durante la contienda electoral.
La acusación señalaba que Meta habría aplicado un tratamiento desigual a las publicaciones de los candidatos, limitando el alcance de contenidos favorables a Lula y beneficiando presuntamente la circulación de material relacionado con su contrincante, Flávio Bolsonaro.
Entre las irregularidades denunciadas también figuraban anuncios políticos financiados desde el extranjero, publicidad negativa elaborada mediante inteligencia artificial y la eliminación de recomendaciones de publicaciones favorables al mandatario brasileño.
Durante el proceso, el magistrado Marco Aurélio Bellizze recordó que había ordenado a la compañía cumplir 17 medidas para aclarar las denuncias y proporcionar información sobre el funcionamiento de sus herramientas digitales. Sin embargo, consideró que las respuestas entregadas fueron incompletas, tardías y, en algunos casos, difíciles de verificar.
El tribunal determinó que la empresa no cumplió adecuadamente con los requerimientos judiciales, por lo que estableció la sanción económica. La multa corresponde a nueve días de incumplimiento, con montos diarios que aumentaron de 500,000 a un millón de reales.
La resolución fue respaldada por los siete integrantes del tribunal que participaron en la decisión, incluido su presidente, Kassio Nunes Marques.
Meta niega haber favorecido a algún candidato
Por su parte, Meta rechazó las acusaciones de parcialidad política y sostuvo ante las autoridades brasileñas que aplica las mismas reglas a todos los candidatos, partidos y posiciones políticas. La compañía atribuyó los problemas señalados a fallas técnicas, medidas contra el fraude y procedimientos de cumplimiento normativo.
Un aspecto importante de la resolución es que el Tribunal Superior Electoral no concluyó que Meta hubiera manipulado deliberadamente las elecciones ni que existiera una intención demostrada de favorecer a Flávio Bolsonaro. El fallo se centró en el incumplimiento de las órdenes judiciales y en la falta de transparencia de la información proporcionada por la compañía.
Por ello, la investigación continuará para determinar si existió un trato desigual entre las candidaturas y si las irregularidades denunciadas tuvieron alguna incidencia en la distribución de contenidos políticos durante el proceso electoral.
El caso abre nuevamente el debate internacional sobre la responsabilidad de las grandes plataformas digitales, el funcionamiento de sus algoritmos y la influencia que pueden ejercer las redes sociales en los procesos democráticos.
La resolución también representa un precedente sobre las obligaciones de las empresas tecnológicas cuando las autoridades electorales solicitan información para garantizar condiciones equitativas durante una campaña política.
