La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) denunció ante el Ministerio Público el manejo irregular de 113.4 millones de lempiras transferidos a la ONG «Jóvenes Metas» durante la pasada administración gubernamental. Según la investigación, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el programa Red Solidaria entonces dirigidos por José Carlos Cardona y Mirtha Gutiérrez utilizaron a esta organización como una «fachada multirrubros» para evadir la Ley de Contratación del Estado.
El 90% de los convenios operó fuera del marco legal para realizar compras masivas de tecnología, calzado y alimentos sin pasar por los procesos de licitación pública obligatorios.
Entre los hallazgos más graves se detectó la entrega de 594 computadoras portátiles en las oficinas de Sedesol sin registro de beneficiario final, así como cientos de laptops y calzado universitario distribuidos sin firmas de validación ni comprobantes reales.
Además, la auditoría reveló un evidente conflicto de interés, ya que el convenio de mayor cuantía fue avalado por un funcionario que actuaba como juez y parte dentro de la misma estructura. Ante esto, ASJ exigió al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas deducir responsabilidades penales inmediatas e instó al Ejecutivo a prohibir este mecanismo de contratación.
