La Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro comenzó a aplicarse oficialmente tras su publicación en el diario oficial La Gaceta mediante el Decreto No. 128-2026, estableciendo nuevas herramientas para apoyar la recuperación económica de los productores hondureños.
La normativa contempla mecanismos de refinanciamiento, facilidades de acceso al crédito y seguros subsidiados, con el propósito de fortalecer la producción agropecuaria nacional y atender las principales dificultades que enfrenta el sector.
Entre los retos señalados se encuentran los efectos del cambio climático, el aumento en los costos de producción, el encarecimiento de los combustibles y las limitaciones que han enfrentado muchos productores para obtener financiamiento.
Uno de los principales beneficios de la ley es la posibilidad de readecuar compromisos financieros hasta por un período de 15 años, permitiendo que agricultores y ganaderos cuenten con mayores oportunidades para estabilizar sus obligaciones y mantener activas sus unidades productivas.
