La ministra de Derechos Humanos de Honduras, Leda García Pagán, sostuvo que no será necesario que el país renuncie ni denuncie tratados internacionales de derechos humanos tras la aprobación de las recientes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. Sin embargo, enfatizó que será indispensable realizar un exhaustivo análisis para garantizar su compatibilidad con los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
En declaraciones brindadas a los medios de comunicación en las instalaciones del Congreso Nacional, la funcionaria aclaró los alcances de las modificaciones legales, haciendo especial énfasis en el tratamiento del fuero juvenil y la responsabilidad penal.
Ante las inquietudes surgidas sobre el alcance de los cambios legislativos, la ministra precisó que la edad punible en Honduras ya se encuentra normada y no ha sufrido alteraciones en su umbral de inicio.
“La edad punible ya existe, es de 12 años; lo que cambia es el mecanismo de abordaje para cada uno de los casos. En ese sentido, tenemos que ver cómo quedan estas nuevas reformas que se estén aplicando para poder hacer las valoraciones y recomendaciones correspondientes”, explicó García Pagán.
La titular de la Secretaría de Derechos Humanos reconoció la urgencia de atender las demandas de seguridad y tranquilidad que exige la ciudadanía, aunque remarcó la importancia de actuar con cautela para no incurrir en violaciones de derechos por la inobservancia de las recomendaciones internacionales.
Respecto al contenido de las reformas, la ministra observó de manera preliminar que podría percibirse «un pequeño golpe al debido proceso». No obstante, subrayó que el ordenamiento legal cuenta con controles complementarios diseñados para evitar eventuales denuncias de ciudadanos y posibles sentencias en tribunales internacionales en contra del Estado hondureño.
García Pagán detalló que los tratados internacionales suscritos por el país ponen un acento prioritario en la presunción de inocencia y las garantías procesales. En ese sentido, adelantó que la institución que dirige realizará un riguroso «control de convencionalidad» una vez que se conozca el texto definitivo.
En relación a la postura del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la ministra confirmó que el organismo internacional aún no ha emitido pronunciamientos o recomendaciones directas, debido a que no se cuenta todavía con la redacción final aprobada.
“Directamente no, todavía, hasta no conocer el documento final, porque tenemos un previo que recientemente se nos ha entregado. Necesitamos hacer todo un control convencional de acuerdo a estos convenios que el Estado de Honduras ha suscrito a lo largo del tiempo y ver cómo hacer que tampoco contravengan esta decisión de brindar paz y seguridad al pueblo hondureño”, concluyó.
