La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles 28 de octubre de 2026, por trigésima cuarta ocasión, una resolución que solicita poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, aunque la iniciativa registró una disminución considerable en el respaldo internacional respecto al año anterior.
La propuesta obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. En 2025, el mismo documento había recibido 165 votos favorables, siete en contra y 12 abstenciones, una diferencia que evidencia cambios en las posiciones diplomáticas de varios países frente a las restricciones estadounidenses.
Entre los países que votaron en contra figuran Estados Unidos, Israel, Argentina, Paraguay, Ecuador y Costa Rica, mientras que Alemania, Italia, Honduras y otros Estados optaron por abstenerse. Colombia también se sumó a los votos contrarios, después de haber respaldado la resolución en 2025.
La iniciativa, presentada anualmente por Cuba desde 1992, busca que Washington levante las restricciones que afectan las relaciones comerciales, financieras y económicas con la isla. Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea General sobre este asunto no son jurídicamente vinculantes, por lo que su aprobación no obliga directamente al Gobierno estadounidense a eliminar el embargo.
Durante el debate, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, sostuvo que las medidas estadounidenses agravan las dificultades que enfrenta la población, especialmente por las limitaciones en el acceso a combustible, medicamentos, alimentos y otros productos esenciales. El funcionario también cuestionó las presiones diplomáticas que, según La Habana, Washington ejerció para modificar el resultado de la votación.
Por su parte, el representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, defendió la política de su país y atribuyó la crisis económica cubana principalmente a las decisiones del Gobierno de la isla. La discusión estuvo acompañada de un tenso intercambio verbal entre ambos diplomáticos durante las sesiones previas a la votación
El embargo estadounidense contra Cuba comenzó en 1960 y posteriormente fue ampliado mediante diferentes disposiciones legales. A lo largo de las décadas, Washington ha mantenido restricciones comerciales y financieras, aunque el alcance de determinadas medidas ha variado según las administraciones y las decisiones políticas adoptadas.
La situación económica cubana continúa marcada por dificultades financieras, escasez de combustible y apagones que afectan distintos servicios. Mientras el Gobierno cubano atribuye parte importante de estos problemas al embargo, Estados Unidos sostiene que las políticas internas de las autoridades de la isla también tienen responsabilidad en la crisis.
Con la nueva resolución, la Asamblea General reiteró su posición favorable al levantamiento de las restricciones, pero el resultado también reflejó una reducción del apoyo diplomático a la iniciativa. La decisión final sobre la continuidad o eliminación del embargo permanece en manos de las autoridades estadounidenses, especialmente del Congreso, que tiene competencias centrales sobre la legislación que sustenta estas medidas.
