El Ministerio Público (MP) emitió este viernes una aclaración detallada sobre el curso de las investigaciones administrativas y penales tras la denuncia interpuesta por una joven de 21 años de edad contra un psicólogo empleado en la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), acusado por la supuesta comisión de delitos de abuso sexual. La entidad persecutora del delito rechazó categóricamente que se haya denegado el acceso a la justicia a la denunciante.
De acuerdo con el informe oficial, la denuncia fue recepcionada inicialmente en febrero de 2026 a través del Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) en la capital. Posteriormente, al constatarse que la víctima es mayor de edad, el expediente fue remitido a la Fiscalía de Protección a la Mujer para la ejecución de las diligencias correspondientes y la recolección de indicios probatorios.
Como parte del protocolo legal obligatorio, la Fiscalía ordenó la práctica de dictámenes médicos periciales y evaluaciones psicológicas. No obstante, las autoridades reportaron que la joven no acudió a la cita programada para el 7 de mayo en la Dirección General de Medicina Forense, situación que impidió la consolidación de la prueba científica requerida para el sostén de la acusación.
Inasistencias y protocolos de investigación
El Ministerio Público puntualizó que el personal fiscal y de atención integral realizó tres intervenciones directas con la denunciante, en las cuales se le reiteró la urgencia de colaborar con las pruebas forenses para sustentar la carga probatoria en los tribunales.
Puntos clave expuestos por la representación fiscal:
- Remisión de fuero: Traspaso del expediente del MAIE a la Fiscalía de Protección a la Mujer por la mayoría de edad de la joven.
- Prueba pericial: Citación oficial el 7 de mayo en Medicina Forense a la que la denunciante no asistió.
- Incomunicación: Retiro voluntario de la víctima de los abordajes institucionales sin dejar dirección domiciliaria ni contacto telefónico.
- Garantía institucional: Reitero del MP sobre la disponibilidad de los canales de justicia bajo los debidos procesos legales.
El órgano de investigación penal enfatizó su disposición para continuar los procesos investigativos conforme a derecho, siempre que se cumpla con los requisitos probatorios mínimos establecidos por la legislación hondureña.
