En una acción judicial de urgencia orientada a blindar científicamente el caso, la portavoz del Ministerio Público (MP), Lorena Cálix, confirmó este viernes que la Fiscalía solicitó y obtuvo la autorización de un juzgado con jurisdicción nacional para proceder a la exhumación de los 20 cuerpos de los campesinos asesinados en la dantesca masacre ocurrida la semana anterior en la comunidad de Rigores, Trujillo, departamento de Colón.
De acuerdo con las declaraciones de la funcionaria, la judicatura especializada ya emitió una resolución favorable a la petición del ente acusador del Estado, reconociendo la necesidad de desenterrar los restos para profundizar en las pesquisas criminales.
El objetivo técnico y la hipótesis de la matanza
El propósito medular de este despliegue forense en la zona caribeña es la elaboración de un informe técnico-forense especializado. Este documento proporcionará a los fiscales a cargo del caso datos criminalísticos clave, tales como:
- Identificación de trayectorias e impactos de proyectiles.
- Recuperación de ojivas o material balístico alojado en los cuerpos.
- Confirmación científica de las causas de muerte y posibles signos de tortura.
