Honduras proyecta iniciar en enero de 2027 la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, con capacidad para albergar a más de 5,000 personas privadas de libertad, principalmente integrantes y cabecillas de maras, pandillas y estructuras del crimen organizado.
El anuncio fue confirmado por el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Marcos Paz, quien explicó que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) trabaja en coordinación con otras instituciones del Estado para completar la planificación técnica y financiera del proyecto.
Entre los principales aspectos pendientes se encuentra la selección del terreno donde se levantará el complejo penitenciario. Actualmente, las autoridades evalúan tres posibles ubicaciones: La Acequia, en el sector de Naco, Santa Bárbara, además de terrenos en los departamentos de Yoro y Colón.
La alternativa de La Acequia destaca porque en ese lugar existe una construcción penitenciaria inconclusa, en la que anteriormente se habría invertido alrededor de 500 millones de lempiras. Los equipos técnicos estudian si la infraestructura puede aprovecharse mediante modificaciones estructurales y un nuevo diseño que cumpla con los requerimientos de seguridad.
En cuanto al financiamiento, las autoridades han señalado que la obra se ejecutaría con recursos nacionales. Según Marcos Paz, la planificación financiera presenta un avance aproximado del 90 %, luego de reuniones entre la Secretaría de Finanzas, el INP, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad.
Sin embargo, todavía no se ha detallado públicamente el costo total de la nueva infraestructura ni se ha definido oficialmente el terreno donde será construida.
Las proyecciones establecen que la edificación podría tardar entre ocho y doce meses, contados a partir del inicio de los trabajos, por lo que su puesta en funcionamiento dependerá del cumplimiento de los procedimientos presupuestarios, administrativos y técnicos.
La iniciativa forma parte de las medidas impulsadas para fortalecer el sistema penitenciario hondureño y evitar que las estructuras criminales continúen coordinando actividades delictivas desde los centros penales.
Mientras se concreta la construcción, el Instituto Nacional Penitenciario también trabaja en la habilitación de módulos de máxima seguridad para albergar a personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad. Estos espacios contemplan mayores restricciones de movilidad, comunicación y contacto con el exterior.
El proyecto está respaldado por el artículo 6 del Decreto 84-2026, publicado en La Gaceta, que autoriza la identificación de recursos para planificar, diseñar, construir y equipar nuevos establecimientos penitenciarios en el país.
De concretarse el cronograma anunciado, Honduras comenzaría en enero de 2027 una de sus principales apuestas de infraestructura penitenciaria, con el desafío de garantizar los recursos necesarios y cumplir los plazos establecidos.
