
El comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Nicolás García, explicó que las reformas tienen como finalidad modernizar el marco jurídico hondureño y proporcionar mayores facultades legales a las instituciones encargadas de prevenir, supervisar e investigar las operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
La modificación de la normativa también responde a la necesidad de que Honduras llegue al próximo pleno de Gafilat, previsto para diciembre del próximo año, con una legislación acorde con las exigencias internacionales. García advirtió que no haber aprobado estos cambios habría dejado al país en una situación más complicada frente al proceso de evaluación.
El funcionario aclaró que las reformas no representan una garantía de que Honduras evitará la lista gris, pero sí permiten que las instituciones responsables dispongan de instrumentos jurídicos para desarrollar sus funciones y enfrentar las actividades financieras ilícitas.

“Con esta aprobación, Honduras se sitúa, digamos, la intención es poder ponerse al día con el estándar internacional. No representa ninguna garantía de no caer en una lista gris, lo que sí garantiza es que las diferentes instituciones van a tener los espacios y van a tener la legalidad detrás para poder actuar en contra del delito de activos conforme a los estándares internacionales en esta materia”, manifestó.
Uno de los aspectos novedosos de la legislación es la incorporación de disposiciones para regular a los proveedores de servicios de activos virtuales, un sector que ha experimentado transformaciones debido al crecimiento de las transacciones con criptomonedas y otras modalidades de intercambio de activos digitales.
La reforma contempla establecer un registro bajo la responsabilidad de la CNBS, institución que tendrá la facultad de inscribir a los proveedores de estos servicios y fortalecer los mecanismos de supervisión sobre sus operaciones.
Con esta medida se pretende que las autoridades tengan mayor conocimiento de los actores que participan en ese mercado, así como mejores herramientas para identificar movimientos financieros que puedan presentar características sospechosas.

Riesgos económicos de ingresar a la lista gris
El comisionado presidente de la CNBS también advirtió que una eventual inclusión de Honduras en la lista gris podría tener consecuencias para el funcionamiento del sistema financiero y las relaciones económicas internacionales.
Uno de los ámbitos que podría experimentar mayores dificultades es la corresponsalía bancaria, debido a que las instituciones financieras internacionales podrían incrementar sus exigencias de cumplimiento, aplicar revisiones adicionales o establecer condiciones más estrictas para mantener relaciones comerciales con bancos hondureños.
Estas medidas podrían elevar los costos de las operaciones internacionales y generar repercusiones en los servicios que utilizan empresas, instituciones y ciudadanos.
Entre los posibles efectos se encuentran mayores costos en las transferencias de dinero, las transacciones internacionales y los servicios relacionados con el envío de remesas familiares, recursos que representan una fuente importante de ingresos para miles de hogares hondureños.
Asimismo, una mayor percepción de riesgo sobre el sistema financiero nacional podría dificultar determinadas operaciones comerciales y generar procedimientos adicionales para las instituciones que mantienen vínculos con entidades del exterior.
García agregó que los organismos multilaterales también podrían modificar o endurecer las condiciones de sus financiamientos hacia Honduras, como consecuencia de las evaluaciones relacionadas con la capacidad del Estado para prevenir y combatir el lavado de activos.
Honduras deberá demostrar resultados ante Gafilat
Otro de los aspectos destacados por García es que la evaluación internacional no estará enfocada únicamente en revisar la existencia de leyes, reglamentos y procedimientos, sino también en determinar si las autoridades hondureñas están obteniendo resultados efectivos en la lucha contra el lavado de activos.
Esto significa que las instituciones tendrán que demostrar que las disposiciones legales se aplican en la práctica, que existe coordinación entre las entidades responsables y que los mecanismos de supervisión permiten detectar e investigar operaciones sospechosas.
La visita de evaluación está prevista para mayo y actualmente las instituciones públicas trabajan en la preparación de los cuestionarios correspondientes, mediante los enlaces designados para recopilar y presentar la información requerida.
Este trabajo permitirá documentar las acciones desarrolladas por cada entidad, los mecanismos de control existentes y los resultados alcanzados en materia de prevención, investigación y combate de las operaciones financieras ilícitas.