
La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, manifestó su preocupación por el comportamiento de estos hechos violentos y reveló que, a escala nacional, se contabilizan 33 homicidios múltiples que han dejado un saldo de 138 víctimas mortales durante el presente año.
De acuerdo con los criterios utilizados por el Observatorio, un homicidio múltiple se configura cuando tres o más personas pierden la vida en una misma escena del crimen y en un mismo lugar. Bajo esta definición, el departamento de Yoro presenta los registros más elevados del país.
Ayestas explicó que uno de los acontecimientos más recientes en ese departamento comprende cuatro escenas criminales diferentes, en las que murieron tres personas en cada lugar. Entre las víctimas también se encuentran menores de edad, un elemento que agrava la preocupación por el impacto de la violencia en la población más vulnerable.

La especialista advirtió que detrás de estos episodios existen dinámicas relacionadas con el control de territorios por parte de organizaciones criminales, entre ellas bandas delictivas, maras, pandillas y redes vinculadas al narcotráfico, que mantienen presencia en distintas zonas del país.
“Esto se vuelve una preocupación porque sabemos que el control del territorio de los grupos criminales llamados bandas criminales, maras y pandillas o las redes de narcotráfico, han hecho y controlado los territorios a tal punto que reaccionan ante esta estrategia de la Secretaría de Seguridad. Pero sin duda hay que ser contundentes a la hora de enfrentar el crimen”, expresó Ayestas.

Después de Yoro, el departamento de Cortés ocupa el segundo lugar en incidencia, con cinco escenas de homicidios múltiples. Por su parte, Atlántida y Olancho registran tres casos cada uno, lo que evidencia que este fenómeno no está concentrado exclusivamente en una región, sino que también afecta a otros departamentos.
La directora del OV-UNAH señaló que en diferentes municipios del territorio nacional convergen actividades ilícitas como el narcotráfico, el lavado de activos y la extorsión, delitos que permiten a las organizaciones criminales consolidar sus estructuras y ampliar sus mecanismos de influencia.
Asimismo, explicó que estos grupos pueden responder violentamente cuando las autoridades ejecutan capturas contra algunos de sus integrantes, especialmente cuando las operaciones no consiguen alcanzar a los principales responsables o cabecillas de las organizaciones.
Ayestas también hizo referencia a experiencias registradas en México, donde estructuras atribuidas al cartel de Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus hijos han sido señaladas por recurrir a acciones violentas para presionar a las autoridades y exigir la liberación de familiares o integrantes detenidos.
Esta comparación, según la especialista, permite advertir sobre los riesgos de que las organizaciones criminales utilicen la violencia como mecanismo de intimidación y presión frente a las acciones de seguridad del Estado.
Ante este panorama, consideró necesario fortalecer las investigaciones criminales, desarrollar operaciones dirigidas contra las estructuras completas y garantizar que los responsables sean puestos a disposición de la justicia. A su criterio, las acciones de seguridad deben ir más allá de las capturas de integrantes de menor rango y alcanzar a quienes dirigen y financian las actividades delictivas.
La problemática también tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de los hondureños. Los homicidios múltiples, además de representar una pérdida irreparable de vidas humanas, profundizan la percepción de inseguridad, generan temor en las comunidades y restringen la libertad de las personas para movilizarse y utilizar los espacios públicos.
Las cifras presentadas por el OV-UNAH colocan nuevamente en evidencia la gravedad de la violencia homicida en Honduras y el desafío que representa para las instituciones de seguridad y justicia. Con 44 víctimas en 12 escenas, Yoro concentra la mayor cantidad de hechos de esta naturaleza, mientras que los 138 fallecidos registrados en todo el país reflejan la urgencia de implementar estrategias integrales para contener la actividad criminal, recuperar los territorios bajo influencia de grupos delictivos y garantizar la protección de la población.