El Gobierno trabaja en una serie de reformas legales para fortalecer las capacidades de las instituciones en la persecución de estructuras criminales, bajo una figura que el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, denominó “estado ordinario reforzado”, en lugar de recurrir a un nuevo estado de excepción.
Velásquez explicó que la decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) fue no implementar un estado de excepción y, en su lugar, impulsar mayores competencias dentro del marco del estado ordinario para enfrentar a las estructuras criminales declaradas asociaciones terroristas.
Entre las reformas que Seguridad pretende presentar ante el Congreso Nacional se encuentra ampliar de 24 a 48 horas el período de detención para determinados casos relacionados con estructuras criminales, con el objetivo de contar con más tiempo para documentar cada expediente.
El ministro también planteó que se establezca de manera expresa el carácter de delito permanente o continuo para determinados ilícitos vinculados al crimen organizado, con el propósito de evitar diferentes interpretaciones entre fiscales y jueces sobre los procedimientos aplicables.
Consultado sobre los horarios para ejecutar allanamientos, Velásquez señaló que el Código Procesal Penal establece las condiciones para realizar estas diligencias y que, cuando concurran las circunstancias previstas por la ley, pueden ejecutarse en distintos horarios, dependiendo además del acompañamiento del Ministerio Público y de las decisiones judiciales correspondientes.
El funcionario destacó que existen juzgados con jurisdicción nacional en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde serían procesados los integrantes de estructuras criminales capturados en el marco de las nuevas operaciones. Asimismo, aseguró que la estrategia contempla una coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, con investigaciones y operaciones focalizadas contra integrantes y líderes de las organizaciones criminales.
Sobre las dificultades para obtener testimonios por temor a represalias, el ministro indicó que se recurrirá a los mecanismos de protección contemplados en la legislación, además de fortalecer el uso de pruebas técnicas. Entre los elementos que podrían ser utilizados en las investigaciones mencionó registros de comunicaciones, vínculos entre integrantes, pertenencias y otros indicios que permitan establecer la relación de una persona con determinada estructura criminal.
El funcionario señaló que las autoridades mantienen investigaciones para llegar a los principales liderazgos de estas organizaciones y que las operaciones estarán acompañadas por fiscales y serán presentadas ante jueces con jurisdicción nacional.
Velásquez vinculó esta estrategia con la decisión del CNDS de declarar como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales y afirmó que el denominado “Escudo de Honduras” contempla operaciones conjuntas y focalizadas para lograr su desarticulación. El ministro también lamentó el asesinato de un agente policial ocurrido recientemente y expresó sus condolencias a la familia y a la institución policial. Finalmente, afirmó que la muerte de agentes en el cumplimiento del deber representa una de las consecuencias de la confrontación con las estructuras criminales y sostuvo que las autoridades continuarán con las operaciones de seguridad.
