La extorsión se ha convertido en una de las principales causas del desplazamiento forzado interno en Honduras, al obligar a ciudadanos a abandonar sus hogares, negocios y comunidades por amenazas y presiones de estructuras criminales.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha documentado más de un millar de quejas relacionadas con este fenómeno durante la última década.
De acuerdo con los registros de la institución, ocho de cada diez casos de desplazamiento vinculados con la extorsión se concentran en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, donde se ubican los principales centros urbanos y económicos del país. Entre las víctimas figuran comerciantes, transportistas, taxistas, docentes, profesionales y trabajadores de distintos sectores.
El Conadeh advierte que muchas personas no denuncian por temor a que las amenazas aumenten, lo que dificulta conocer la verdadera dimensión del problema y brindar protección oportuna a las víctimas. Las amenazas, los cobros ilegales y la intimidación también provocan el cierre de negocios, la pérdida de empleos y el abandono de proyectos familiares.
Ante esta situación, la institución considera necesario fortalecer la prevención, establecer mecanismos de alerta temprana y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
El objetivo es atender a las víctimas y evitar que más familias hondureñas se vean obligadas a abandonar sus comunidades para proteger su vida e integridad.
