El Congreso Nacional aprobó una serie de reformas al Código Penal y Procesal Penal que buscan fortalecer el combate contra las maras y pandillas en el país. Entre los principales cambios, la extorsión pasará a ser catalogada como un delito de alta gravedad, mientras que las estructuras criminales podrán ser consideradas oficialmente como organizaciones terroristas.
Las modificaciones también amplían el alcance de las investigaciones y sanciones, permitiendo actuar no solo contra quienes ejecutan amenazas, sino también contra personas vinculadas al manejo de dinero ilícito, cuentas bancarias y otras operaciones relacionadas con actividades criminales.
“No podíamos permitir que el delincuente siga arruinando a Honduras”, declaró el diputado presidente Tomás Zambrano en medio del intenso debate.
Asimismo, las reformas aprobadas por el Congreso Nacional establecen controles más estrictos para combatir las redes de extorsión y a las personas que colaboran con actividades relacionadas al movimiento de dinero ilícito o el uso de líneas telefónicas anónimas.
Como parte de las nuevas disposiciones, las compañías de telecomunicaciones estarán obligadas a proporcionar información solicitada por las autoridades en un plazo máximo de 24 horas, mientras que las entidades bancarias deberán responder requerimientos judiciales en un período no mayor a 10 días.
La extorsión ahora será castigada con hasta 20 años de cárcel y hasta prisión perpetua si la víctima muere, también desaparecerán beneficios legales para los acusados. “Se perseguirá desde el que manda el mensaje hasta el que presta la cuenta bancaria”, advirtió la Comisión de Seguridad.
