El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que la desaparición de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) debe ir acompañada de investigaciones individuales y sanciones para los agentes estatales responsables de abusos. Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del organismo, señaló que la disolución de la entidad no borra los atropellos cometidos, detallando que entre diciembre de 2022 y enero de 2026 periodo en que estuvo vigente el estado de excepción se registraron más de 1.000 quejas contra agentes del orden.
De estas denuncias, unas 295 fueron dirigidas específicamente contra miembros de la DIPAMPCO y cerca de 225 contra la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), concentrándose la mayoría de los casos en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán.
Las acusaciones de la ciudadanía abarcan graves faltas que van desde el uso desproporcionado de la fuerza, daños a la propiedad y allanamientos sin orden judicial, hasta amenazas, malos tratos, detenciones ilegales e incluso abuso sexual.
Ante este panorama, el Conadeh instó a la Secretaría de Seguridad a aplicar pruebas de confianza y medidas correctivas basadas en informes de entes como la DIDADPOL para evitar que las nuevas agencias policiales repitan los mismos patrones de conducta. Asimismo, Cáceres alertó sobre el riesgo de impunidad si el Ministerio Público no ejerce la acción penal correspondiente, mientras valoró positivamente la apertura del Ministro de Seguridad para incluir al Conadeh en la construcción de una nueva política de seguridad ciudadana.
