El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) identificó presuntas irregularidades en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) relacionadas con la movilización de al menos 26 millones de lempiras sin los controles institucionales correspondientes.
El informe señala como señalados al exdirector Marco Antonio Zelaya y a la jefa de la Unidad de Administración y Gestión, Andrea Carolina Zavala, por decisiones que habrían permitido el manejo irregular de fondos bajo custodia del Estado.
De acuerdo con la investigación, una empresa incautada habría solicitado el 17 de diciembre de 2024 un préstamo puente por 25 millones de lempiras a la institución.
Sin embargo, al día siguiente, la solicitud fue modificada y reclasificada como “apoyo financiero temporal”, una figura que no está contemplada dentro del reglamento interno de la entidad, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.
El CNA sostiene que estas acciones habrían facilitado la utilización de recursos estatales sin el debido control administrativo y legal. El caso permanece bajo análisis y podría derivar en nuevas diligencias para establecer responsabilidades en el manejo de los bienes incautados por el Estado.
