El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este martes en contra de restablecer la política migratoria que permitía a los jueces de inmigración suspender administrativamente determinados procedimientos de deportación, una medida implementada durante el Gobierno del expresidente Joe Biden. La decisión representa un respaldo a la postura de la Administración del presidente Donald Trump, que se opone a mantener esta práctica, según informaron medios estadounidenses.
El fallo fue emitido mediante una breve opinión sin firmar, en la que los magistrados rechazaron los esfuerzos por recuperar una herramienta que durante décadas permitió a las autoridades migratorias cerrar temporalmente expedientes sin resolverlos de manera definitiva. Este mecanismo era utilizado, entre otros fines, para reducir la acumulación de casos en los tribunales de inmigración y concentrar los recursos judiciales en los procedimientos considerados prioritarios.
La controversia se intensificó después del regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025. Su Administración anunció que dejaría de defender la política aplicada durante el mandato de Biden, lo que abrió la puerta a nuevos cuestionamientos legales sobre la continuidad del cierre administrativo de los procesos migratorios.
Posteriormente, el estado de Texas impugnó la normativa ante un tribunal federal, al cuestionar la aplicación de esta práctica. En respuesta, tres ciudades con importantes comunidades migrantes —Baltimore, en Maryland; Columbus, en Ohio; y New Haven, en Connecticut—, junto con una organización defensora de los derechos de los inmigrantes, emprendieron acciones legales para intentar preservar la medida.
Sin embargo, los tribunales rechazaron sus solicitudes, por lo que el caso terminó ante el máximo órgano judicial del país. Con la decisión adoptada este martes, el Supremo no restableció la política cuestionada, lo que supone un revés para las autoridades locales y las organizaciones que buscaban mantener este mecanismo dentro del sistema migratorio estadounidense.
El cierre administrativo de los expedientes de deportación ha sido utilizado durante décadas como una herramienta de gestión judicial. Según estadísticas gubernamentales citadas en los informes sobre el caso, alrededor de 360.000 inmigrantes se han beneficiado de esta práctica desde 1990. Su aplicación permitía suspender determinados procedimientos sin que ello implicara necesariamente la concesión de un estatus migratorio legal o la resolución definitiva de los casos.
La decisión también vuelve a poner en el centro del debate la capacidad del sistema judicial migratorio para atender el elevado volumen de expedientes pendientes. Mientras las autoridades federales buscan aplicar sus criterios de control migratorio, las ciudades y las organizaciones defensoras de los inmigrantes advierten sobre las consecuencias que los cambios en estos procedimientos pueden tener para las comunidades migrantes.
