La estabilidad del hogar de Wilmer Trujillo, un veterano con casi 20 años de servicio en el Ejército de EE. UU. y la Guardia Nacional de Texas, se vio severamente fracturada tras la detención de su esposa, la hondureña Arelys Barahona-Martínez. El arresto ocurrió el pasado 10 de junio durante una cita de control migratorio en Dallas, reactivando una orden de expulsión emitida hace más de dos décadas debido a dos ingresos irregulares previos (en 2005 y 2018), este último motivado por la necesidad de buscar tratamiento médico para su hijo Idben, quien padece una grave enfermedad genética.
Actualmente, Barahona-Martínez se encuentra recluida en el centro de detención de ICE en Alvarado, Texas, enfrentando un sistema que ha endurecido los criterios de liberación bajo la administración del presidente Donald Trump, sin distinguir que la mujer carece de antecedentes penales.
Desde su hogar en Princeton, un compungido Trujillo calificó este suceso como la mayor adversidad de su vida, superando el peligro de sus misiones en Irak o Afganistán, al manifestar el dolor de ver cómo el país por el que luchó ahora «destruye» a su familia.
El futuro de la hondureña y la reunificación de su hogar dependen ahora de una compleja batalla legal: su defensa busca que un juez de inmigración reabra su antiguo expediente para poder acogerse al programa parole in place, un beneficio diseñado precisamente para proteger a los familiares directos de los militares de los procesos de deportación. Mientras ICE define si permitirá que la afectada continúe el trámite en libertad, este caso reactiva el debate y expone las profundas tensiones del sistema migratorio estadounidense cuando las políticas de expulsión chocan frontalmente con las familias de quienes sirvieron a la nación.
