La administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes severas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI). La medida se hizo pública apenas horas después de conocerse que el prestigioso Premio Nobel de la Paz fue concedido a una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay.
Mediante un comunicado oficial, el Departamento de Estado justificó la decisión como un mecanismo para «defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI». El secretario de Estado, Marco Rubio, fue categórico en su postura a través de un mensaje en video: «Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos».
Rubio recordó que, durante décadas, tanto administraciones republicanas como demócratas han rechazado que el tribunal internacional posea facultades para juzgar a ciudadanos, militares en activo, agentes de la Patrulla Fronteriza o líderes políticos de su país.
Asimismo, advirtió que prohibirán cualquier transacción con lo que calificó de «tribunal ilegítimo» para asfixiar sus recursos y limitar su capacidad de acción.
Aunque el Departamento del Tesoro emitió licencias generales para proteger ciertos intereses nacionales, el jefe de la diplomacia estadounidense reafirmó la firme intención de continuar una campaña frontal para «desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo» hasta garantizar que ningún estadounidense se sienta amenazado. «O la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI», sentenció, aunque matizó que sigue confiando en una vía diplomática.
Fundada en 2002 y con sede en La Haya, la Corte Penal Internacional es un organismo independiente encargado de investigar crímenes de guerra y lesa humanidad, integrado por 125 naciones —incluyendo a casi la totalidad de la Unión Europea y la OTAN—, de la cual Estados Unidos se mantiene al margen.
