El Estado hondureño atraviesa una fase de transformación administrativa sin precedentes. El abogado Leonel Núñez, presidente de la Comisión Liquidadora, informó que la reestructuración ha alcanzado ya a 1,700 empleados públicos, como parte de un plan integral para reducir el gasto corriente que asfixia el presupuesto nacional.
El alcance de la «tijera» administrativa Hasta la fecha, la comisión ha intervenido 26 instituciones, programas y dependencias que duplicaban funciones o carecían de impacto operativo. Esta medida, amparada en el decreto 004-2026, busca concentrar la administración pública para hacerla más eficiente.
Núñez destacó que la hoja de ruta sigue abierta: otras dependencias están bajo análisis constante. Como ejemplo de la magnitud del ahorro buscado, el funcionario citó el caso de la Secretaría de Planificación, donde el gasto en planillas cayó drásticamente de 25 millones de lempiras mensuales a poco menos de 2 millones.
El nudo del Presupuesto General La parte más sensible de este proceso es el pago de prestaciones. Según lo detallado, existen 360 millones de lempiras listos para ser liberados, pero el proceso administrativo depende actualmente de la aprobación del Presupuesto General de la República.
Mientras tanto, las autoridades han iniciado el llamado a los exempleados para la firma de finiquitos y la validación de expedientes por parte de la Secretaría de Trabajo y Servicio Civil, asegurando que se está actuando con estricto apego a los derechos laborales.
¿Cuánto más se reducirá la planilla? Aunque la comisión de Núñez contabiliza 1,700 despidos, la cifra nacional es considerablemente mayor. El funcionario recordó que otras entidades, como el Programa de Reducción de Pérdidas de la ENEE, han ejecutado sus propios procesos de intervención con más de 2,000 despidos adicionales.
Las comisiones interventoras continúan revisando cada dependencia para determinar si la estructura actual es sostenible o si se requieren nuevos cortes de personal.
