
La fiscalización de los recursos utilizados durante las campañas políticas continúa pendiente en Honduras, debido a que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) todavía no cuenta con los fondos necesarios para completar la revisión documental de los candidatos que participaron en las elecciones generales.
La institución espera que el Congreso Nacional apruebe una asignación presupuestaria de 57 millones de lempiras, recursos que permitirían desarrollar las auditorías financieras de más de 2,000 aspirantes y verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas durante el proceso electoral.
La comisionada de la UFTF, Ivonne Ardón, informó este martes que la solicitud presupuestaria permanece en trámite legislativo y que existe una gestión ante la Secretaría de Finanzas para determinar la disponibilidad de los recursos requeridos.

Ardón explicó que los fondos fueron solicitados por el diputado Antonio Rivera Callejas y que la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional pidió a la Secretaría de Finanzas emitir un dictamen sobre la disponibilidad financiera, como paso previo para autorizar la asignación.
“Sí, estamos a la espera de que el Congreso pueda ya aprobar esos cincuenta y siete millones que fueron pedidos por el diputado Antonio Rivera Callejas. Tenemos entendido de que la Comisión de Presupuestos solicitó a la Secretaría de Finanzas un dictamen con la disponibilidad financiera para que nosotros como institución podamos hacer ya el proceso de auditoría documental de esos más de dos mil candidatos que participaron de cara a las elecciones generales”, manifestó.
La funcionaria señaló que la revisión resulta necesaria para comprobar el manejo de los recursos utilizados durante las campañas políticas, así como determinar si los candidatos cumplieron con las disposiciones legales relacionadas con el financiamiento electoral.

556 candidatos enfrentarán apertura de expedientes
En paralelo a la gestión presupuestaria, el pleno de comisionados de la UFTF aprobó el informe presentado por la Secretaría General, mediante el cual se ordenó la apertura de expedientes individuales contra 556 candidatos que no presentaron sus respectivos informes de rendición de cuentas.
Ardón detalló que la Secretaría General deberá iniciar las notificaciones correspondientes a cada uno de los sujetos obligados, quienes tendrán un plazo de tres días para atender el procedimiento establecido.
Una vez vencido ese término, la institución remitirá los 556 expedientes a la Procuraduría General de la República (PGR), para que continúe el trámite que corresponda conforme a las disposiciones legales.
Esta actuación forma parte de los mecanismos de control establecidos para garantizar que quienes participaron en los comicios cumplan con sus responsabilidades de informar sobre el origen, manejo y destino de los recursos utilizados en sus actividades proselitistas.
La apertura de los expedientes también representa un paso dentro de los procedimientos administrativos relacionados con la falta de presentación de los informes financieros, una obligación que busca fortalecer la transparencia y evitar irregularidades en el financiamiento de las campañas políticas.
Limitaciones presupuestarias retrasan las auditorías
La comisionada reconoció que la institución enfrenta dificultades para avanzar con mayor rapidez en la revisión de los expedientes, debido principalmente a la falta de recursos económicos y de personal especializado para atender el volumen de trabajo.
Explicó que la auditoría documental de más de 2,000 candidatos requiere una capacidad operativa importante, por lo que sería necesario incorporar temporalmente profesionales del derecho y especialistas en auditoría que permitan agilizar los procedimientos.
Sin embargo, mientras no se concrete la aprobación de los 57 millones de lempiras, la UFTF tiene limitaciones para realizar nuevas contrataciones y ampliar su equipo de trabajo.